Hay una fórmula que evitaría una crisis institucional en el Ayuntamiento de Madrid, generada por la enésima provocación del equipo de gobierno hacia aquellos que no comulgan con su ideología. Según esa posible salida, el PSOE dejaría de apoyar a Podemos en el Consistorio capitalino, pero sin promover ni apoyar una moción de censura contra la alcaldesa. Sencillamente daría por finalizado el acuerdo que encumbró a Manuela Carmena a la alcaldía, y comenzaría a ejercer desde ahora oposición de forma leal y democrática. El equipo de gobierno debería gobernar la ciudad en minoría y sería difícil que ocurrieran las cosas que los vecinos de Madrid están viendo con sonrojo.
En el momento político que se encuentra nuestro país, lo anterior no es más que una ensoñación de imposible ejecución, porque el líder socialista está buscando un pacto con el mismo partido al que pondría muy difícil gobernar en su mayor escaparate institucional. Pedro Sánchez no va a dispararse en el pie en Madrid necesitando como necesita a Pablo Iglesias en su investidura. Pero no pierdan de vista esa opción si por una circunstancia poco probable la elección del candidato propuesto por el Rey no saliera adelante y se produjera una convocatoria de nuevas elecciones y una ruptura entre las dos formaciones de izquierda. Podría ocurrir en Madrid, pero no sólo en Madrid.
En algún momento de esta etapa peculiar de la política española el PSOE se dará cuenta de lo nocivas que han sido para sus intereses las alianzas alcanzadas con Podemos en gobiernos municipales y autonómicos, que permitireron tocar poder a unos y a otros tras el 24-M. Aún no sólo no se ha dado cuenta, sino que piensa que todo esto ha sido un gran éxito que deja a su líder en las puertas de La Moncloa con menos de un centenar de diputados a su favor. Como dijimos no hace tanto tiempo, Sánchez es el hombre que convertía las derrotas en victorias.
De la propuesta selectivamente enviada a los partidos políticos por los socialistas se pueden sacar varias conclusiones en materia territorial, en su propósito de ayuda a quienes más lo necesitan y de lucha contra la corrupción. Pero el denominador común a todas ellas es quién será el pagador de la factura de esta bonanza de intenciones, tan encomiable como carísima.
La subida de impuestos a las empresas, vía eliminación de deducciones en Sociedades provocará una repercusión en salarios. La penalización del impuesto de sucesiones a través de un tipo mínimo, con el objetivo de que Madrid no pueda bonificar el cien por cien de este tributo, la pagarán las familias en situación de herencia hasta el punto de hacer más aconsejable la renuncia al bien recibido que el pago de su transmisión patrimonial. Y los autónomos, verdadero bastión de la clase media económica y refugio de tantos parados que han preferido salir a buscarse la vida antes que conformarse con la prestación, pagarán también su parte del coste que las medidas sociales van a generar.
El documento obvia el problema catalán seguramente para no soliviantar ni a quienes defienden la autodeterminación ni a los que la ven ya superada, cuya abstención podría ser decisiva en una votación de investidura.
Con Podemos, los socialistas tienen amplio margen para el entendimiento. Lo demuestran sus acuerdos para el reparto igualitario de comunidades y ayuntamientos, que van cristalizando en decisiones de enorme interés para sus administrados. La más reciente, el acuerdo entre PSOE y Podemos en Castilla La Mancha para exigir la derogación de los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede, ese eterno demonio de la izquierda que nunca llega a ser extirpado pero es constantemente agitado. El pacto anuncia también dentelladas iracundas al dinero público que reciben los colegios concertados. Con poca autoridad moral pueden ahora determinados barones territoriales socialistas denegar a Sánchez el permiso para pactar con aquellos que marcan su política regional desde la minúscula atalaya de sus tres diputados.
El soldado Sánchez no quiere morir