La reacción del candidato número cuatro de la lista electoral independentista a la advertencia del Gobernador del Banco de España ha sido, por primera vez, furibunda y fuera de tono.
Hasta ahora Artur Mas se había mofado de todos aquellos que han lanzado avisos al explicar las consecuencias de la ruptura de la legalidad vigente: de Merkel, Cameron y Obama dijo que no serían tan poco importantes estas catalanas cuando se han hecho tan internacionales; de los bancos dijo entre sonrisas que todos los bancos del mundo querrán operar y tener sucursales en la Arcadia feliz que ha diseñado junto a sus socios de la extrema izquierda; de la UE ha dicho, igualmente en tono de chiste, que no se cree nadie lo que dicen los tratados porque Cataluña ya está en Europa por sí misma y no por ser una parte de un estado miembro. Todo muy gracioso y digno de provocar la hilaridad del celebérrimo número cuatro. Hasta que ayer habló el Gobernador del Banco de España mencionando la palabra "corralito".
Lo que eran mofas se convirtieron en descalificaciones ("irresponsable e indecente") y en una amenaza clara: la Cataluña libre no pagará la deuda pública de la actual comunidad autónoma si el Estado se niega a negociar la independencia. Ha repetido en septiembre lo mismo que la dijo al Rey en julio, si tenemos que creer al presidente cántabro Revilla. Los 66.813 millones de euros que debe el gobierno presidido por Mas dejarían de abonarse a sus acreedores, además de los 37.000 millones en préstamos del FLA y del Fondo de Pago a Proveedores que quedarían insatisfechos por la vía de la amenaza y el chantaje. ¿Seguimos defendiendo el diálogo y el debate con el número cuatro?
Vayamos a la vía de los hechos que se producirán, según la última hoja de ruta aprobada este mismo verano por las fuerzas políticas y ciudadanas que han impulsado el golpe al orden legal de nuestro país. Si hay una mayoría absoluta que les valga el día 27, aprobarán una declaración simbólica del Parlament a favor de la independencia, la cámara otorgará un mandato al Govern para que en seis u ocho meses apruebe una serie de leyes y disposiciones para crear estructuras propias de un Estado, y en la primavera de 2016 se realizará la "desconexión" de España por medio de una solemne declaración institucional firmada por las fuerzas políticas que apoyen al gobierno catalán.
Antes de eso, con la mayoría de escaños que pueden los catalanes darles el domingo a los independentistas antiespañoles, se aprobará una Ley de Transitoriedad Jurídica para eliminar cualquier rastro de legalidad española en el territorio que hoy conocemos como comunidad autónoma. El acuerdo firmado por Convergencia Democrática y Esquerra Republicana para constituir la lista única establece que se romperá con el Tribunal Constitucional de forma que sus sentencias no serán aplicadas, se aprobará una Constitución provisional catalana que atenderá a la configuración del nuevo país como una república, y se creará una agencia tributaria con sus propios elementos recaudatorios que darán cobertura a las demás instituciones que formen parte del Estado soberano.
Todo lo que plantean Mas, Romeva, Junqueras y Forcadell está lleno de incertidumbres. Pero el futuro e hipotético país catalán no se dibuja ya como una tierra de incertidumbres y ausencia de certezas. Han hablado suficientes actores políticos, económicos y sociales como para que todo el mundo, incluidos los independentistas convencidos y los que abracen la independencia como táctica para negociar, sepan ya a qué habrá que atenerse cuando los hechos se vayan consumando.
Sabemos ya que el naciente sería un país no reconocido por Naciones Unidas, fuera de la Unión Europea, fuera del Fondo Monetario Internacional, sin implantación como estado en la OCDE, ni en el Banco Mundial ni en el Europeo de Inversiones, fuera de la OTAN y del G-20, fuera de la zona de libre tránsito que establece el Tratado de Schengen, sin Agencia Tributaria propia porque ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional, sin sedes centrales del Banco de Sabadell ni de la Caixa, sin moneda propia aunque siguiera utilizando el euro en sus transacciones como ocurre en la República Dominicana con el dólar, con dificultades para pagar las pensiones por la insuficiente cotización de sus actuales trabajadores, sin sede central de Planeta, y con dificultades para albergar oficinas de Telefónica en lo que sería el extranjero. Eso son certezas, el resto son interrogantes.
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Artur Mas
Expresidente de la Generalitat de Cataluña
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