La primera víctima de la oleada antinuclear que se ha vuelto a activar cual serpiente de verano castellano manchega, es la terminología. Cualquier término con sentido peyorativo y catastrofista es bueno para hacer referencia a la instalación que, simple y llanamente, es un almacén temporal, un Almacén Temporal Centralizado de residuos generados en la actividad de las plantas nucleares que hay en nuestro territorio, las cuales producen una parte considerable y no desdeñable de la energía que consumimos los españoles. Rajoy baraja ordenar por ley que continúen las obras en Villar de Cañas.
Se ha leído y escuchado hablar de cementerio, vertedero, basurero? y ninguna de esas expresiones es válida para definir aquello de lo que estamos hablando. Pero ya sabemos que en las guerras, incluso en las políticas como ésta, la verdad sufre notables bajas desangrada por el oportunismo y la demagogia.
De nada sirve que los informes sean favorables, que el Consejo de Seguridad Nuclear lo avale por abrumadora mayoría de su consejo, que los pueblos de la zona cercana al almacén manifiesten su deseo y necesidad de que se acometa esta infraestructura, o que dos gobiernos distintos, de distinto signo político, apuesten por ella en épocas diferentes pero manteniendo su necesidad y su carácter prioritario. Si algo hay que achacar al actual ejecutivo y al ministro del ramo es haber dejado pasar cuatro años sin aparente intención de agilizar los trámites. De lo demás no cabe duda alguna, mucho menos de su ausencia de prejuicios contra la energía nuclear, tal y como la manifiestan grupos políticos y sociales que desafían a la más mínima lógica de país.
El nuevo presidente de la Junta de Castilla-La Mancha dice que la elección del secarral de Villar de Cañas fue una componenda política. Si lo fue, que no es descartable, habrá que imputárselo a su propio partido, el PSOE, que tomó cuando estaba en el gobierno la decisión responsable de agilizar la instalación del almacén como medida de interés general para los ciudadanos españoles.
¿Acaso no es una componenda política retorcer el cuello de la legalidad administrativa para ampliar una zona medioambiental protegida que nunca tuvo condiciones especiales, para impedir la ejecución de un proyecto? Apelando como apela García-Page a la necesidad de que las decisiones sean técnicas, sería bueno que nos dijera qué conservacionistas titulados o expertos en ornitología que no sean los tradicionales ecologistas de salón han decidido, de repente y subrepticiamente, que la Zona de Especial Protección de Aves de la comarca en cuestión crezca en miles de hectáreas justo hasta alcanzar los terrenos donde se ubicará el ATC.
Page quiere proteger a toda costa a quienes le insisten que no se sienten desprotegidos. Desoyendo las aclaraciones de que la seguridad es máxima, como lo es en Holanda o en Francia donde hay plantas de este tipo. Quiere ser la madre que mece la cuna de personas mayores y cabales, en pleno ejercicio de sus condiciones psicológicas y en plenitud de derechos. Y arrumba sus legítimas aspiraciones de futuro, de mejorar en sus expectativas laborales, familiares, individuales y colectivas, de evitar que las localidades conquenses que rodean los terrenos donde se eligió ubicar el ATC mueran por el éxodo de sus generaciones jóvenes, por la desaparición paulatina de su tejido social. Les condena a dar la espalda al progreso, algo que debería ser tabú para quien se denomina progresista.
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