A menos de un mes de los comicios autonómicos y municipales, el PP se tendrá que enfrentar a una de sus peores imágenes electorales, la de su candidato al Ayuntamiento de Valladolid, Javier León de la Riva, sentado en el banquillo de los acusados.
El siempre polémico alcalde será juzgado hoy por un presunto delito de desobediencia por incumplir reiteradamente una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que afecta al edificio donde tiene su vivienda habitual. Los hechos se remontan al año 2008, cuando el TSJCyL anuló las licencias de obras y primera ocupación del edificio y obligó a demoler los áticos, ya que estos se crearon a partir de un trasvase de edificabilidad. Además, la rehabilitación no respetó elementos protegidos y los porcentajes legales de viviendas.
A pesar de la demoledora sentencia del TSJCyL, el Ayuntamiento intentó esquivar el fallo que, no sólo le obligaba a derribar los áticos resultantes del trasvase de edificabilidad, también debía convertir oficinas en viviendas. El Alto Tribunal instaba a León de la Riva "bajo su directa y personal responsabilidad" a ejecutar la sentencia hasta en cinco ocasiones.
La actitud "obstinada y recalcitrante" del alcalde a la hora de acatar el mandato judicial motivó que la Fiscalía denunciase al regidor. Sin embargo, el juzgado de Instrucción número 2, sobreseyó provisionalmente la causa al considerar que no se había acreditado la "concurrencia de conducta criminal".
El archivo fue pronto revocada por la Audiencia Provincial que consideró que "no nos encontramos ante una mera posibilidad o sospecha de que se haya podido cometer por parte del imputado un delito desobediencia, si no que su actuación (documentalmente acreditada), sí es probable de ser considerada como delictiva".
Inelegible
El Fiscal pide un año y tres meses de inhabilitación para el cargo de alcalde u otros análogos, una multa de 3.600 euros y el pago de las costas. La Federación de Asociaciones de Vecinos Antonio Machado, que actúa como acusación particular, entiende que cometió un delito continuado de desobediencia y pide su inhabilitación por dos años y el pago de una multa de 90.000 euros.
De ser condenado, al estar contemplado el delito en el capítulo de delitos contra la administración pública, se convertiría en inelegible, aun no siendo firme la sentencia, en aplicación de la Ley electoral y quedaría fuera de la carrera electoral.
En el PP cruzan los dedos por una absolución del alcalde en uno de los momentos más críticos de la formación, acosada a nivel regional por la denominada "trama eólica", en la que Hacienda ha visto un posible pago de comisiones por la adjudicación de parques eólicos que habría hecho millonarios a ex altos cargos de la administración autonómica.
Pese al riesgo que asumía el PP al presentar a un candidato que iba a ser juzgado en plena campaña, León de la Riva ha presionado hasta el último momento para ser cartel electoral.
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