La noticia ha hecho pasar a la ciudadanía de la extrañeza a la indignación: Rodrigo Rato, antiguo vicepresidente del Gobierno, exministro de Economía y Hacienda con Aznar, se acogió a la regularización fiscal de 2012. Guindos, sobre Rato: el servicio de blanqueo de capitales cumplirá su obligación.
Por añadidura, este personaje, que pudo haber llegado incluso a la presidencia del Gobierno si el dedo de Aznar le hubiera señalado en lugar de a Rajoy, estaría siendo investigado por Hacienda por blanqueo de capitales, vinculado a dicha regularización, según ciertas informaciones publicadas este martes.
La imagen de Rato, un político brillante y cargado de atractivo que en un cierto momento mereció la confianza de mucha gente, comenzó a derrumbarse al dimitir frívolamente y sin dar explicaciones del cargo de director gerente del Fondo Monetario Internacional, un puesto de extraordinario relieve al que accedió no sólo por méritos propios sino también gracias al esfuerzo de todo el aparato del Estado.
A su regreso, la aventura de Bankia, con el epílogo de las tarjetas black y algunas otras presuntas marrullerías, terminó de demoler su prestigio profesional, ya muy debilitado. Y por último, la noticia de que se ha acogido a la amnistía fiscal como un vulgar defraudador alcanza proporciones de verdadero escándalo.
El Gobierno ha optado por no comentar el asunto, alegando la neutralidad del fisco y su obligación de confidencialidad en cuestiones fiscales. Estaría bien la actitud si el Ejecutivo no hubiera hecho todo lo contrario en el 'caso Pujol'. El uso de diferentes varas de medir constituye una arbitrariedad incompatible con la democracia.
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