Irán aseguró que no teme las nuevas sanciones que la ONU puede imponerle desde este sábado a causa de su programa nuclear, pese a que tales medidas pueden complicar y encarecer sus transacciones comerciales, y frenar todo tipo de inversión extranjera en territorio iraní.
El portavoz de la cancillería iraní, Mohammad Alí Hosseini, minimizó el domingo pasado el impacto de las nuevas medidas, asegurando que sólo podrían causarle "ligeros problemas", y añadió que Irán disponía de "diferentes opciones para solucionarlos".
En el papel, las dos resoluciones anteriores adoptadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, la primera en diciembre de 2006 y la segunda en marzo de 2007, no son muy duras y afectan únicamente a entidades e individuos relacionados con los programas nucleares y balísticos.
Una de las raras medidas vinculantes para los Estados miembros es la congelación de fondos del banco Sepah, que trabaja estrechamente con las fuerzas armadas iraníes.
El nuevo proyecto de resolución, que podría sufrir enmiendas, exhorta a vigilar las transacciones financieras con dos grandes establecimientos financieros, los bancos Melli y Saderat.
Según un observador occidental en el lugar, este tipo de sanciones va a encarecer el costo de las transacciones comerciales y disuadir un poco más a los inversores extranjeros para que se implanten en el país.
"Cada resolución adicional aumenta la percepción de que existen riesgos crecientes en hacer negocios con Irán", estima.
Estas medidas no impiden a los comerciantes iraníes seguir comprando productos de primera necesidad o de gran consumo.
Sin embargo, para los importadores las sanciones aumentan el costo de las transacciones financiadas con los créditos a la exportaciones para sus abastecedores, encareciendo las primas de riesgo practicadas por los bancos.
En la clasificación de riesgos de los países de la OCDE, que va de cero a siete y que sirve para calcular sus primas, Irán pasó de cuatro a cinco en mayo de 2006 y de cinco a seis en junio de 2007.
Además, la próxima resolución podría pedir a los Estados miembros una cierta vigilancia en el otorgamiento de créditos a la exportación, provocando mecánicamente su reducción.
La otra consecuencia de las sanciones es que las empresas que le venden equipos de alta tecnología, sobre todo para el sector petrolero, prestan mucha atención a no violar la reglamentación sobre la exportación de productos que pueden tener un doble uso civil o militar.
De esta forma, el director de una empresa iraní especializada en equipamientos de exploración petrolera explicaba que se encuentra "reducido a la inactividad desde hace varios meses".
"Nuestros abastecedores occidentales saben que sus equipamientos pueden ser utilizados para fines diferentes a los que declaramos, y aun cuando tienen total confianza en el destinatario final, no quieren exponerse a una investigación de sus autoridades", explica, pidiendo con prudencia no ser identificado.
A las sanciones de la ONU se añaden las unilaterales de Estados Unidos, y tal vez en el futuro las de la Unión Europea, que no descarta promulgar sus propias medidas contra Teherán tras la próxima resolución del Consejo, según fuentes diplomáticas en Bruselas.
Desde hace tres años, Irán no ha firmado casi ningún contrato de importancia a causa de las sanciones estadounidenses, que apuntan sobre todo contra los inversores en el campo petrolero o contra los industriales del gas.
La excepción ha sido China, con un contrato firmado en diciembre, evaluado en 2.000 millones de dólares, para el desarrollo del campo petrolero de Yadavarán, pero cuya producción sólo añadirá 85.000 barriles de petróleo diarios a lo largo de un periodo de cuatro años, lo que representa el 2% de la producción actual.
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