Indignación y alarma es lo que ha causado en el País Vasco el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aceptando la reapertura de la central si ejecuta una serie de mejoras. El rechazo es total en Euskadi, tanto desde el Gobierno vasco, el Parlamento, la Diputación de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria, todos los partidos políticos, incluido PNV, sindicatos, etc. Incluso el PP vasco se muestra crítico, con un matiz más moderado.
La central se ubica a 40 kilómetros de Vitoria, capital de Álava y política del País Vasco. El Ejecutivo de Iñigo Urkullu, ayer a través de su Departamento de Medio Ambiente aseguró que Garoña ?cuenta con una tecnología obsoleta? y aunque hagan las inversiones que pide el CSN_ ?supone un riesgo innegable para la integridad de los miles de personas que viven en su alrededor y para el medio ambiente?. Un día antes el portavoz Josu Erkoreka afirmó que el Gobierno vasco estudiaría las ?opciones? para lograr que la central permanezca cerrada.
EH Bildu hace un llamamiento a la movilización y desde Podemos y el sindicato ELA piden que se presione a Iberdrola, ya que es accionista de Nuclenor, sociedad propietaria de Garoña.
El Ministerio dialogará con las CCAA
El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital estudiará "con tiempo" el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y "antes de tomar una decisión" abrirá un diálogo con las comunidades autónomas, los ecologistas y las empresas acerca de esta cuestión, indicaron a Europa Press en fuentes del departamento dirigido por Álvaro Nadal.
Estas conversaciones, señalaron, pueden durar "unos seis meses" y, tras ellas, el Gobierno tomará una decisión. La autorización para el reinicio de la actividad de Garoña corresponde al Ministerio de Energía, una vez analizado el informe del CSN.
