El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra; y el Fiscal Superior vasco, Juan Calparsoro; en la Apertura del Año Judicial vasco, reclamaron más medios económicos y humanos para que la Justicia pueda ser más eficaz en la lucha contra la corrupción política, económica y administrativa, además de ser un elemento tractor para la recuperación económica.
Para ambos el escenario de recortes presupuestarios en Justicia, así como el establecimiento de las tasas, no ayudan a luchar contra el segundo problema más importante para los ciudadanos españoles, la corrupción y fraude, como constata el Centro de Investigaciones Sociológicas.
Tanto Ibarra como Calparsoro criticaron también las tasas judiciales, mal discriminadas y que les genera dudas sobre su constitucionalidad, que está causando un efecto demoledor de grave restricción de acceso a la Justicia en las jurisdicciones civil y contencioso-administrativa. 'Este resultado es -según Ibarra- por completo incoherente con las manifestaciones de una voluntad decidida de lucha contra la corrupción urbanística, en la contratación pública y en el uso de los recursos económicos por las Administraciones Públicas'.
El Fiscal Superior vasco, Juan Calparsoro, enumeró un panorama de restricción de medios francamente invalidante como la imposibilidad de examinar los archivos informáticos incautados por obsolescencia de los equipos y programas de la Justicia; la falta de conexión de los sistemas informáticos a nivel nacional, la imposibilidad de acceder a los datos fiscales, a los de los registros mercantiles, de la propiedad o catastrales, ni a la Tesorería de la Seguridad Social.
Tractor económico
El presidente del TSJPV afirmó que la corrupción política, urbanística o administrativa que ahora se está difundiendo 'se erigen como un freno para el desarrollo económico al desestabilizar el funcionamiento de la economía de mercado'.
Por ello, para Ibarra sistema judicial eficaz y dotado con los medios necesarios, 'contribuye a evitar la destrucción de empleo y facilitan un contexto de seguridad jurídica que favorece la recuperación del desarrollo económico'. Para ilustrarlo se refirió a la seguridad jurídica que proporcionan a las resoluciones judiciales rápidas.
Por ello Ibarra sostuvo que la sociedad y los representantes políticos deben comprender que 'gastar en justicia contribuye a reforzar la vigencia del Estado de Derecho', a su 'fiabilidad y con ello, a la eficiencia del sistema productivo' por lo que pude 'convertirse en un sector institucional estratégico para el desarrollo económico'.