Las denominadas vacaciones fiscales vascas, término en el que se incluyen tres tipos de incentivos fiscales vigentes en los años 90 declarados ilegales por la Comisión Europea y el Tribunal de Luxemburgo, está teniendo un coste económico altísimo para las empresas que se acogieron a ellas.
La exigencia de su devolución no sólo afecta al capital principal (la ayuda), sino que incluye intereses de demora, que dado el tiempo transcurrido desde su concesión arroja cifras alarmantes para las cuentas de resultados de las empresas.
En una cuenta somera, no exhaustiva, examinando informes del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) y las diferentes informaciones de las tres Diputaciones vascas, sólo en intereses de demora las empresas han tenido que abonar una cifra superior a los 101 millones.
La cifra global de las cantidades devueltas a las Haciendas vascas es también un absoluto galimatías, ya que los datos públicos disponibles están muy dispersos y en algunos casos son contradictorios, incluyendo los propios informes del TVCP. Pero en un esfuerzo de simplificación las cantidades devueltas hasta ahora rondan los 391 millones (en que se incluyen los intereses de demora citados).
Esta cantidad aumentará en base a las nuevas exigencias de devolución que desde marzo ha iniciado la Diputación Foral de Álava y algo similar tendrá que hacer la de Guipúzcoa. Desde Bruselas se apunta que la cantidad final a devolver debiera acerarse a los 700 millones.
Casi 300 damnificadas
Las empresas que se acogieron a dichos incentivos también es un dato complicado de obtener, pero rondan las 265, aunque algunas de ellas, tras ver cómo se complicaba el litigio con la UE renunciaron a los incentivos y pagaron las cantidades deducidas, con intereses.
En todo este proceso no se puede perder de vista que éstas empresas lo que hicieron fue acogerse a unas normativas legalmente aprobadas, pero que después fueron anuladas por Bruselas. Y después, en la devolución de las ayudas, cumplieron las exigencias que les plantearon las Diputaciones en 2007.
En otoño de 2011 la Diputación de Vizcaya cursó una nueva petición de devolución, que se saldó con pagos por 26 empresas, que abonaron 88,2 millones (28,8 millones en intereses).
La actualidad nos lleva a Álava, en marzo la Diputación cursó nuevas cartas de exigencia de devoluciones. Una de estas cartas motivó una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por parte de al compañía vinícola Barón de Ley. Esta empresa acogió al crédito fiscal del 45%, por el cual en 2007 se le exigió que devolviera 2,1 millones. Ahora, en 2012, la Hacienda alavesa le reclama 11,16 millones adicionales.
Otro grupo que cotiza en bolsa y que ha notado en sus cuentas la devolución de incentivos ha sido Vocento, que en sus filiales El Correo y Diario Vasco, sufrieron en 2011 una merma de sus resultados de 8,069 millones, según publicó el portal Gananzia.com.
En Guipúzcoa hay una empresa que ha saldado su deuda de 44,85 millones, con un pago en especie, con bienes de naturaleza rústica.
Una treintena de recursos judiciales
Los datos del TVCP indican que al menos 30 empresas de Vizcaya y Guipúzcoa han recurrido al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) contra la exigencia de devolución de las ayudas, a las que en su día se acogieron legalmente. La cifra de recursos crecerá con las nuevas exigencias de pago. Hasta ahora las Sentencias han determinado cumplir lo que exige la UE, pero varias empresas han acudido al Supremo.
Más de 200 empresas vascas sufren los perjuicios
