Economía

Bruselas pide multar a España por las vacaciones fiscales vascas pero no aclara qué empresas ni cuanto deben

  • La primera de las multas implicaría ya un acumulado a pagar de 40 millones

La Comisión Europea aprobó hoy, lo que la semana pasada difundió la Dirección de la Competencia de forma informal, pedir al Tribunal de Justicia de la UE que impongan sendas multas económicas al Reino de España por el incumplimiento de las Haciendas vascas de recuperar las ayudas fiscales ilegales concedidas a un nutrido grupo de empresas durante los años noventa. A pesar de la resolución, Bruselas sigue sin aclarar qué empresas están afectadas y que cantidades adeudan.

Extraoficialmente se conoce que la Comisión cifra en 750 millones las ayudas pendientes de recuperar en el expediente de dos de los incentivos, cifra que podría aumentar debido al expediente que está pendiente sobre otro incentivo anterior.

Las Haciendas vascas insisten en asegurar que las ayudas fueron totalmente recuperadas y apelan ahora a la labor diplomática de España para contrarrestar el expediente.

La primera ocasión en que Bruselas reclamó formalmente la devolución de tales ayudas fue en 2001, en un expediente conjunto sobre las normativas fiscales afectas, sin especificar las compañías afectadas ni las cantidades económicas que debían resarcir.

Los incentivos ilegales eran un crédito fiscal del 45 por ciento para las inversiones superiores a 15 millones de euros y otro de importantes reducciones del Impuesto sobre Sociedades para empresas de nueva creación durante los cuatro primeros años (conocidos también como "minivacaciones fiscales").

Hay otro incentivo expedientado, las conocidas como "vacaciones fiscales", que supusieron la exención total del Impuesto Sobre Sociedades durante 10 años para las nuevas empresas, pero que no han sido objeto hoy de petición de multa por parte de Bruselas.

La tramitación del expediente se ha dilatado una década debido a los constantes recursos planteados desde las Administraciones vascas y las dilaciones en las gestiones para recuperar las ayudas ilegales. En base a ello, la Comisión denunció a España frente al Tribunal de Luxemburgo para que se hiciera efectiva la devolución de las ayudas, a pesar de que la Corte Europea no hubiera fallado aún sobre el fondo del asunto. En diciembre de 2001 el Tribunal de la UE ordenó a España a cumplir con la obligación de recuperar las ayudas y en septiembre de 2009 falló sobre el fondo del asunto declarando ilegales los incentivos.

Multas millonarias

En el último año las Haciendas vascas han mantenido numerosos contactos con la Dirección de la Competencia y aseguran haber recuperado la totalidad de las ayudas, posición con la que discrepa Bruselas y pide que se exijan a las empresas y además que se establezcan dos multas.

La primera sanción asciende a 25.817,40 euros diarios y comenzaría a contar desde el 14 de diciembre de 2006 y finalizaría en la fecha de el Tribunal de Luxemburgo falle sobre esta nueva reclamación de la Comisión, Por tanto hay ya acumulado un saldo deudor de 40 millones.

La segunda sanción comenzaría a partir de la fecha que la Corte de Luxemburgo fallara en favor de las tesis de la Comisión (que todo hace pensar que así será) y ascendería a 236.044,80 euros diarios hasta que se lograse la devolución total de las ayudas.

Ambas multas se impondrían al Reino de España, pero al final recaerían en las Haciendas vascas que tendrían que resarcir posteriormente al Estado.

Empresas perjudicadas

Las patronales vascas advierten que las empresas vacas que se acogieron a estos incentivos de los años noventa lo hicieron ajustándose a la ley, a las normativas vascas vigentes, por lo que rechazan que deban ser las empresas las que deban pagar por los platos rotos. La patronal Confebask advierte que en esta época de crisis estas devoluciones pueden llevar a algunas compañías a situaciones muy delicadas, incluso a cierres.

Desde algunas empresas se advierte que tramitarán reclamaciones en contra de las Haciendas forales, postura que desde la Hacienda de Guipúzcoa consideran que están en su derecho.

Al contrario de lo que suele ser habitual en los expedientes de ayudas que vulneran la Competencia, la Comisión Europea no ha aclarado públicamente cuales son las empresas afectadas ni las cantidades que han de devolver. Esto coloca a todas las empresas que se beneficiaron de los incentivos en una situación de total incertidumbre.

Para calmar los ánimos desde el Gobierno vasco se ha prometido a las empresas que se les apoyará y no se descartan ver la forma de respaldar a esas empresas.

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