El Tribunal de Justicia de la Unión Europea decide hoy si las ayudas concedidas en el País Vasco durante los años noventa a empresas nuevas, conocidas como "vacaciones fiscales" vascas, son ilegales como declaró la Comisión Europea (CE) y deben recuperarse.
La máxima instancia judicial europea dictará hoy sentencia sobre una de las tres medidas consideradas ilícitas por Bruselas: la exención fiscal del impuesto de sociedades concedida a las empresas constituidas en 1993 y 1994.
Las otras dos -el crédito fiscal del 45 % del importe de la inversión en activos fijos materiales nuevos y en la reducción gradual de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades aplicada desde 1995- están aún pendientes de fecha de pronunciamiento.
La decisión cerrará un capítulo del largo proceso judicial sobre estas medidas, ya que contra la decisión de este tribunal no cabe recurso.
El Tribunal de Primera Instancia (denominado "Tribunal General" desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en diciembre de 2009) ya confirmó la ilegalidad de las ayudas, pero las diputaciones vascas recurrieron la decisión en casación.
En paralelo, la CE solicitó el pasado mes de mayo al Tribunal de Justicia que imponga una multa millonaria a España por no haber recuperado la totalidad de las ayudas como le exigió en 2001.
Bruselas pide que la multa ascienda a 236.044 euros por cada día que transcurra desde que el Tribunal vuelva a pronunciarse sobre el asunto, hasta que España acate la sentencia, y otros 25.817 euros por cada día transcurrido desde la primera resolución, dictada en diciembre de 2006, hasta que se emita la segunda, confirmaron las mismas fuentes.
Una vez que los jueces de Luxemburgo se pronuncien mañana sobre las primeras medidas y en los próximos meses sobre los otros dos paquetes de ayuda quedará claro si procede ordenar la recuperación de las mismas, lo que inevitablemente condicionará la decisión sobre la posible multa que reclama la Comisión.