El Tribunal de Luxemburgo tiene previsto sentenciar sobre el primer expediente de las 'vacaciones fiscales vascas' el próximo 9 de junio, resolución de la que depende no sólo las ayudas a las empresas sino también la multa millonaria que reclama la Comisión.
Las sentencias sobre los otros dos incentivos, el crédito fiscal del 45% para grandes inversiones y las 'minivacaciones' fiscales de cuatro años en el Impuesto sobre Sociedades, analizados ayer en la vista oral, se espera que se den a conocer en otoño.
Todas éstas resoluciones judiciales serán inapelables, ya que quien juzga es la gran sala de la Corte, lo que agota la vía judicial.
Una resolución favorable a la posición vasca en las 'vacaciones fiscales' (exención total del Impuesto sobre Sociedades durante diez años para empresas de nueva creación) implicaría que las Diputaciones Forales habrían de devolver a las empresas los fondos que éstas habrían revertido como consecuencia del expediente de la Comisión
Por el contrario una sentencia que dé la razón a Bruselas y la Comunidad de La Rioja, tendría unas consecuencias muy perniciosas para empresas y Administraciones vascas. Una condena supone además la ratificación de la petición de multa millonaria y ejemplarizante aprobada por la Comisión Europea en noviembre de 2010 y tramitada ante la Corte de Luxemburgo en abril de 2011 sobre las Diputaciones Forales vascas.
Ya son 50 millones de posible multa
De partida esa multa llevaría ya un saldo acumulado a pagar de casi 50 millones de euros, que debería ser sufragado por las Diputaciones Forales vascas, ya que en virtud de la recién aprobada Ley de Economía Sostenible, deberán ser las Comunidades Autónomas infractoras de las normas comunitarias quienes hagan frente al pago de las multas y no el Estado español como fijaba la regulación anterior.
La cifra de la multa podría ser muy superior, ya que la Comisión Europea plante la sanción en dos partes.
Por un lado reclama de 25.817 euros/día desde diciembre 2006 hasta las sentencias que habrán de dictaminarse de éstas vistas orales (que llegarán en 20011). Este plazo sería el transcurrido desde que Luxemburgo en una sentencia de diciembre de 2006 ordenó al País Vasco recuperar las ayudas sin esperar a la resolución del fondo del asunto judicial. La Corte recordaba que los expedientes de Bruselas deben cumplirse obligatoriamente independientemente de que las autoridades nacionales recurran por la vía judicial su derogación. Por este concepto habría que contabilizar ya casi 50 millones.
La otra parte de la petición de sanción, mucho más gravosa para las arcas vascas, se eleva a 236.044 euros/día, plazo que empezará correr desde las próximas sentencias hasta que acabe la infracción a juicio de Bruselas, para lo que habrá que demostrar empresa por empresa que se han recuperado las cantidades que la Comisión estime oportunas.
Esta última cuestión es extremadamente complicada, ya que la Comisión baraja que las ayudas a recuperar superarían los 730 millones, mientras que las ayudas recuperadas por las Haciendas vascas apenas llegan al 10% de esa cifra, según las autoridades comunitarias.
La Rioja contra el abogado español
Durante la vista oral del Tribunal de Luxemburgo en el lado de la defensa figuraban los abogados de las Diputaciones Forales vascas y el abogado del Estado español; mientras que en el lado de la acusación estaba la Comisión Europea y el Gobierno de La Rioja.
Las defensas basaron su estrategia en destacar defectos de forma que habrían provocado indefensión. En este sentido recuerdan que el expediente de Bruselas contra los incentivos no llegó hasta 2001, cuando fueron normas aprobadas en 1993 (Vacaciones Fiscales y 1997-1999 (crédito fiscal y minvacaciones), lo que hizo creer que eran normas conformes al derecho comunitario. Además expusieron que Bruselas no actuó igual contra incentivos similares que estuvieron vigentes en otras regiones como Navarra. Igualmente argumentaron que las cifras que maneja la Comisión de ayudas otorgadas sería exagerada.
Por su parte, el abogado de la Comisión señaló que el silencio de Bruselas antes del expediente no implicaba que las ayudas fueran conformes a derecho; negó que en algún momento la Comisión hiciera creer a las autoridades vascas su conformidad con los incentivos; y acusó a la parte vasca de ser la responsable de la dilación de los plazos de resolución definitiva del expediente.
El abogado de la Comunidad de La Rioja suscribió todos esos argumentos, además de reclamar que se le resarza del perjuicio económico que habría padecido al ser comunidad limítrofe.
Cronología: Más de 15 años de litigio fiscal
