Madrid
Las últimas cifras publicadas por el SEPE confirman el aumento ininterrumpido de las personas apuntadas en las oficina de empleo, pero excluidas de la categoría de paro registrado. En junio rozaban los 1,8 millones, el 42,5% el total de los demandantes y el máximo de la serie histórica para ese mes si descontamos los años marcados por la pandemia, cuando los ERTEs obligaron excepcionalmente a miles de ocupados a esa situación. Pero hoy la causa es otra: los fijos discontinuos que ven suspendida su actividad y solo pueden aspirar a cobrar una prestación por desempleo. Este efecto, que el Ministerio de Trabajo insiste en ningunear, tiene un alto coste para las arcas públicas y provoca dudas sobre la recuperación real del mercado laboral.