Madrid
Casi la mitad del total de los ingresos tributarios que obtienen las Administraciones españolas proviene de los pagos de las empresas de nuestro país.
Las empresas españolas aportan casi el 50% de la recaudación tributaria que ingresan las Administraciones públicas, considerado ese concepto en el sentido más amplio –que incluye impuestos directos e indirectos y, muy importante, pago de cotizaciones a la Seguridad Social–. Se trata de un porcentaje que supera en diez puntos porcentuales el promedio de la Unión Europea. No obstante, para apreciar mejor su anomalía debe considerarse que ni una sola de las economías del euro comparables a España registra un nivel tan elevado, propio de países de mucha menor población y PIB, como Chequia o Eslovaquia.
Los datos pueden parecer sorprendentes considerando que la Hacienda española cuenta con uno de los Impuestos de Sociedades más ineficientes del mundo, pendiente de reforma desde los años 90. Sin embargo, no deben minusvalorarse los efectos que han tenido los recientes cambios de ese tributo directo, con recortes en sus deducciones que lo han abocado prácticamente a incurrir en doble imposición. En paralelo, las empresas se han visto más acorraladas por la creación de impuestos ad hoc, amparados en situaciones de emergencia ya superadas, que han castigado a sectores enteros como el energético o el bancario.
Pero, sobre todo, debe calibrarse la influencia de unas cotizaciones sociales crecientes, como única solución para un sistema de pensiones cuyo gasto crece a ritmos del 7% y llega a desembolsar 27.000 millones al mes. El medio ambiente así creado se revela extremadamente hostil para las empresas, en aspectos básicos como su capacidad de crear empleo y explica disfunciones como el muy lento crecimiento de la inversión productiva, en un país en el que el PIB avanza a tasas récord.