Madrid
En la carrera hacia la descarbonización y el cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), las redes eléctricas son una pieza clave del sistema energético, el motor "invisible" que hará posible la electrificación del consumo, la integración masiva de renovables y la atracción de nuevas industrias. Sin embargo, su desarrollo se está viendo condicionado por un marco regulatorio lento en su evolución, y que debe avanzar con urgencia para que pueda actuar de elemento catalizador y no un obstáculo.
Las redes eléctricas son y han de ser la columna vertebral de un sistema energético que debe ser inteligente, resiliente y sostenible. Su fortalecimiento y modernización es imprescindible para afrontar los desafíos que plantea la transición energética. Sin redes modernizadas no será posible alcanzar el objetivo de integración de energías renovables, ni se podrá dar respuesta a la creciente demanda de industrias que buscan electrificarse o instalarse en España, atraídas por la competitividad del recurso renovable nacional. Disponer de una red robusta e inteligente es, además, clave para garantizar un suministro eléctrico fiable. El PNIEC estima inversiones acumuladas en redes por 53.000 millones de euros hasta 2030, lo cual supone multiplicar casi por tres la media de inversión realizada en periodos anteriores. Pero para que este reto sea viable, es necesario que se proporcionen las señales regulatorias oportunas y se dispongan de mecanismos de planificación eficaces que permitan impulsar este ciclo inversor con seguridad y visibilidad para los agentes del sector.
Para que este ambicioso ciclo inversor se pueda realizar con éxito, existen ciertos cambios e hitos regulatorios clave que, si bien están claramente identificados y en proceso adopción, los retrasos en la ejecución y la falta de visibilidad sobre el resultado están generando una gran incertidumbre en el conjunto de los agentes del sector. Un ejemplo es el retraso en la publicación de la nueva planificación de la red de transporte para el periodo 2025-2030, que debería marcar la hoja de ruta para el desarrollo de gran parte de las infraestructuras de red para los próximos años. El retraso en la Planificación impide dar visibilidad a los proyectos y limita la capacidad de Red Eléctrica y del resto de actores para planificar inversiones de forma eficiente y alineada con la demanda futura. Hay que tener en cuenta que existen multitud de proyectos industriales que se encuentran a la espera de dicha Planificación para tomar la decisión de inversión, con el consiguiente riesgo de que los proyectos se abandonen o se deslocalicen.
Tampoco se han convocado por el momento los anunciados concursos de acceso a la red para grandes demandas, lo que por el momento paraliza inversiones clave para la reindustrialización del país. Es vozpópuli que empresas tecnológicas y manufactureras que necesitan grandes volúmenes de energía limpia para instalarse en España están encontrando serias dificultades para conectar sus proyectos. Muchos proyectos industriales tienen bloqueado la solicitud de acceso a la red en aquellos nudos reservados a un procedimiento de subasta, a la espera de conocer el procedimiento y fechas de dichos concursos, generando la correspondiente incertidumbre y falta de visibilidad en cuanto a la viabilidad de los proyectos. Siendo consciente de esta urgencia, recientemente el Gobierno ha iniciado la tramitación de los concursos de acceso a demanda a la red eléctrica en ocho de los nudos reservados, si bien es deseable que se extienda a la totalidad de los nudos con la mayor celeridad, dado que en la actualidad más de 50 nudos de transporte se encuentran bloqueados a la espera de las correspondientes convocatorias, afectando a cientos de proyectos industriales, tecnológicos y energéticos.
A esta situación se suma la incertidumbre en torno al marco retributivo para las redes eléctricas, actualmente en revisión para el periodo 2026-2031. Las cifras preliminares que baraja la CNMC —en torno al 6,5%, frente al valor actualmente fijado del 5,6% nominal antes de impuestos— podrían ser insuficientes para movilizar las inversiones necesarias. Recientemente los analistas de Goldman Sachs, por ejemplo, fijan en el 7,3% la tasa de rentabilidad que consideran adecuada para incentivar el despliegue de redes eléctricas en España, en línea con otros países de nuestro entorno. En su opinión, una cifra inferior puede comprometer seriamente las inversiones necesarias en la medida que no se alcanzarían los niveles mínimos de rentabilidad y, por tanto, los inversores priorizarían otros mercados donde dicho objetivo si se alcanza. Según las cuentas de la patronal eléctrica AELEC, una tasa del 6,5%, significaría reducir la retribución un 25% respecto de la actual, si lo comparamos con el coste de la deuda (el diferencial respecto al coste de la deuda se reduciría desde los 400 ppbb hasta los poco más de 300 ppbb).
Otro obstáculo pendiente es el límite legal vigente a la inversión en redes continúa operando como un tapón estructural, que impide adaptar con agilidad las infraestructuras a la demanda emergente en zonas de fuerte crecimiento industrial o demográfico. Recordemos que dicho límite se incorporó en 2013 en un contexto de déficit del sistema eléctrico, un contexto totalmente distinto al actual donde las necesidades de inversión en redes previstas por el PNIEC superan ampliamente dicho límite regulatorio, lo cual no deja de ser una contradicción. El atasco regulatorio existente en las redes puede convertirse en una amenaza estructural.
Cada mes de retraso supone proyectos bloqueados, empleo perdido y un aumento del riesgo de no cumplir los compromisos climáticos asumidos. Las redes no son solo el soporte físico, son infraestructuras habilitadoras del nuevo modelo energético y del futuro industrial de nuestro país. España tiene una oportunidad histórica para posicionarse como líder en la transición energética en Europa. Pero aprovecharla requiere más que ambición en los planes: exige decisiones, visión a largo plazo y una política regulatoria que no frene el desarrollo de unas redes eléctricas modernas, resilientes y adaptadas a las necesidades del futuro. Porque la transición energética no puede esperar. Y sus infraestructuras, mucho menos.