Madrid
Los momentos de incertidumbre y de tensiones globales han sido una constante en la historia de la humanidad. También en aquel 9 de mayo de 1950, cuando el ministro francés de asuntos exteriores, Robert Schuman, expresó, en su emblemática declaración, su visión de una Europa unida sobre los principios de paz y solidaridad.
La Declaración Schuman -de la que, en el Día de Europa de este año, celebramos su 75º aniversario-, sirvió para concienciar sobre la importancia de la unidad entre los países del viejo continente. Una comunión sin la que no hubiera sido posible superar el horror de la Segunda Guerra Mundial, ni contener los peligros inherentes a la polarización en torno a las dos grandes superpotencias, que dividieron el mundo en dos bloques durante décadas.
En un primer momento, la unión se articuló con la puesta en común de las producciones de recursos estratégicos como el carbón y el acero de dos rivales históricos, bajo la dirección de una alta autoridad de nueva creación. Ésta se materializó con la firma, en 1951, del Tratado de París constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), entre Francia y la República Federal Alemana, a los que se sumaron Italia, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos.
Ciertamente, fue un esfuerzo creador difícil de equiparar, que sirvió para sentar las bases de un proyecto federativo que progresivamente se iría intensificando en lo económico, en lo político y en lo jurídico, hasta nuestros días. Un proyecto que ha permitido un progreso y desarrollo en estas últimas décadas, realmente significativos. La libertad de establecimiento y circulación de personas y capitales, junto con la mejora de las comunicaciones y la mundialización de la economía, han permitido la creación de un auténtico mercado único que interactúa, a su vez, a nivel global.
Las profesiones, también han tenido que adaptarse a las exigencias de este mercado único y global, y enfrentarse, tanto a los avatares de la economía, como a los retos que se derivan de la digitalización de la sociedad. Según la última edición del Informe sobre el futuro del empleo elaborado por el Foro Económico Mundial, en lo que se refiere a las perspectivas del mercado laboral global para el período 2025-2030, a medio plazo se espera la creación de 170 millones de puestos de trabajo. Descontando el desplazamiento de otros 92 millones de empleos, este hecho supone un incremento neto de 78 millones de nuevas oportunidades laborales, según el referido documento.
Un escenario en el que, en términos de empleabilidad, se hacen necesarias algunas habilidades en las que los centros formativos y las empresas deben incidir proveyendo a los profesionales del presente de los conocimientos, de las capacidades y de las actitudes que se reclaman para el futuro más inmediato: pensamiento analítico, creatividad, competencias en IA y Big Data, liderazgo, así como curiosidad y predisposición para el aprendizaje continuo.
De nuevo, nos encontramos en unos tiempos de cambios, en los que inciden y con mucha fuerza, el desarrollo tecnológico, la transición ecológica, así como fenómenos demográficos como el envejecimiento de la población. Sin embargo, y haciendo una reflexión desde el punto de vista de las profesiones, quizás las demandas de la sociedad no son tan distintas a las de aquella época. En lo esencial, el respeto de los derechos humanos y de los valores europeos de la dignidad, la libertad, la democracia y la igualdad en los que hoy se basa la Unión Europea, siguen siendo un reclamo.
Y es, en este punto, en el que las profesiones, sobre todo aquellas que se relacionan intrínsecamente con valores fundamentales como la justicia, la investigación científica o la comunicación, y de las que se desprenden unos deberes éticos y deontológicos irrenunciables, podemos seguir contribuyendo, como hemos ido haciendo a lo largo de los tiempos, a la transformación de la realidad que nos rodea.
Especialmente las profesiones colegiadas, que representan en nuestro país a unos 2 millones de personas que, tanto individual como colectivamente, a través de los Colegios Profesionales, contribuyen al progreso, a la buena gobernanza y a la cohesión social, a través de la prestación de servicios que tienen una indudable función social y una utilidad pública que trasciende más allá de cualquier iniciativa privada.
