Madrid
España da un paso decisivo en la lucha contra el desperdicio alimentario con la aprobación de su primera ley específica en esta materia: la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. Esta normativa, largamente esperada, responde a un problema de gran calado que afecta no solo a la eficiencia del sistema agroalimentario, sino también a la justicia social, la sostenibilidad ambiental y la salud económica del país.
Hasta ahora, las pérdidas de alimentos en todas las fases de la cadena —desde la producción agraria hasta el consumo en hogares y establecimientos— han representado una ineficiencia estructural persistente, con consecuencias directas en la lucha contra el hambre, el cambio climático y la economía circular. La nueva ley no se limita a establecer normas: simboliza un cambio de enfoque hacia un modelo de producción y consumo más consciente, equilibrado y responsable que implica a todos los actores involucrados.
El preámbulo de la ley ofrece una mirada profunda sobre el origen y alcance del problema. Históricamente, la escasez alimentaria fue consecuencia de condiciones climáticas, limitaciones tecnológicas o deficiencias logísticas. Sin embargo, en el contexto actual, marcado por el desarrollo técnico y la capacidad productiva, el desafío ya no es producir más, sino evitar que lo que se produce termine desaprovechado.
El desperdicio de alimentos supone hoy un doble fracaso. Por un lado, impide que alimentos en buen estado lleguen a quienes los necesitan, lo cual resulta particularmente grave en un mundo donde persisten el hambre y la inseguridad alimentaria. Por otro, conlleva un uso irresponsable de recursos naturales y humanos fundamentales como el agua, el suelo fértil, la energía o el trabajo. Según la FAO, un tercio de los alimentos que se producen a nivel mundial se pierden o se desechan, lo que se traduce en más de 700.000 millones de euros de pérdidas anuales y un impacto ambiental considerable, debido a las emisiones asociadas, que corresponde a cerca de una tonelada de CO? equivalente por persona cada año.
Precisamente la ley pone el foco en las implicaciones medioambientales de esta dinámica: aproximadamente el 30?% del suelo agrícola global se destina a producir alimentos que nunca serán consumidos. Esto no solo representa un coste económico y energético, sino que contribuye a la deforestación, incrementa la huella hídrica y de carbono, y agrava los efectos del cambio climático. En consecuencia, la ley identifica el desperdicio alimentario no como un problema sectorial, sino lo que realmente es, una amenaza transversal para la sostenibilidad del planeta.
España no ha permanecido ajena a este desafío en los últimos años. Se han impulsado iniciativas como la estrategia "Más alimento, menos desperdicio" y campañas de sensibilización como "Aquí no se tira nada", promovidas por el Ministerio de Agricultura. Paralelamente, han surgido herramientas tecnológicas —como aplicaciones móviles para la redistribución de excedentes— que han logrado una notable implantación entre los consumidores. Sin embargo, al estar basadas en la voluntariedad, estas medidas han resultado insuficientes para frenar la tendencia creciente del desperdicio. La nueva ley viene precisamente a cubrir esa laguna, estableciendo un marco legal obligatorio, estructurado y transversal que compromete a todos los actores de la cadena alimentaria.
Nuevas obligaciones para las industrias alimentarias
Uno de los elementos centrales de la ley es la imposición de nuevas responsabilidades a las industrias alimentarias. Todas las empresas del sector deberán contar con un plan de prevención específico, ajustado a sus procesos, que permita identificar y reducir pérdidas a lo largo de la cadena. Este plan deberá contemplar acciones correctivas, protocolos de gestión de excedentes y la aplicación de la jerarquía de usos establecida por la ley.
Los alimentos que no se vendan, pero sean aptos para el consumo humano, deberán destinarse prioritariamente a la donación, mediante acuerdos formales con entidades sociales. En caso contrario, deberán ser derivados —por este orden— a alimentación animal, transformación industrial, compostaje o valorización energética. Asimismo, se promueve la venta de productos con defectos estéticos o con fechas de consumo próximas a precios reducidos, con el fin de evitar su eliminación.
El incumplimiento de estas disposiciones puede acarrear sanciones económicas que pueden llegar a alcanzar los 500.000 euros, en función de la gravedad de la infracción.
La ley otorga un papel central al plan de prevención como herramienta de gestión y control. Este documento debe incluir un autodiagnóstico del funcionamiento interno de cada empresa, con especial atención a los puntos críticos donde se generan pérdidas. A partir de ese análisis, deberán implementarse medidas eficaces que permitan reducir al mínimo los alimentos desperdiciados.
Además, el plan debe establecer una jerarquía clara en el destino de los excedentes, asegurar la trazabilidad mediante registros fiables, formalizar acuerdos con entidades sociales, y fomentar la formación del personal. No se trata solo de cumplir con una obligación legal, sino de avanzar hacia una cultura organizativa comprometida con la eficiencia y la sostenibilidad.
Desde ya, están surgiendo iniciativas para acompañar al sector en esta transición informando, sensibilizando y ofreciendo herramientas que impulsen la adopción de buenas prácticas. Desde Acerta hemos creado la primera marca de calidad que aporte fiabilidad, trazabilidad y visibilidad al compromiso de los operadores con la reducción efectiva del desperdicio alimentario. La certificación Food Waste Saver permite evaluar de forma objetiva las medidas implantadas, comunicar con transparencia los resultados alcanzados y demostrar, tanto ante la sociedad como ante el mercado, un compromiso real con la sostenibilidad. Además de avalar el cumplimiento normativo, esta certificación contribuye a fortalecer la reputación responsable de las organizaciones en un contexto cada vez más exigente y orientado al impacto social y ambiental.
La Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario constituye un hito legislativo que marca un antes y un después en la política agroalimentaria española. Su enfoque integral —que combina regulación, innovación y sensibilización— permite abordar de forma estructural un problema complejo, con consecuencias directas sobre el bienestar social, la salud del planeta y la economía productiva.
El éxito de esta ley dependerá, en última instancia, de su implementación efectiva y del compromiso real de todos los actores implicados: desde los productores y distribuidores, hasta los consumidores y las administraciones. Solo mediante una acción coordinada y una transformación cultural profunda será posible reducir significativamente el desperdicio alimentario en España y avanzar hacia un sistema más justo, resiliente y respetuoso con los límites del planeta.
*Mónica Aguilar es directora de RR.II en ACERTA
