
Tras varios retrasos, el Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de ley que reduce la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, todo ello sin ver afectado el salario de los trabajadores. El texto aprobado es muy similar al borrador pactado con los sindicatos del que, con acierto, se desmarcó la patronal. Pero incluye un importante cambio respecto a los tiempos de aplicación. Si hasta ahora Yolanda Díaz consideraba el presente 2025 como fecha límite para conseguir la aprobación de la medida en el Congreso. Ahora elimina esa línea roja y se abre a retrasar la medida hasta 2026. Con ello, la vicepresidenta del Gobierno reconoce la dificultad de lograr los apoyos necesarios en la cámara baja para sacar adelante la medida. A ello contribuye el rotundo rechazo al recorte horario expresado por Junts, cuyos votos son necesarios para implantar la reducción de la jornada. Con todo, el hecho de retrasar la fecha límite de entrada en vigor de la norma da más tiempo al Gobierno para negociar.
No se puede descartar, por tanto, que el recorte horario salga adelante. En caso de aprobarse, Díaz colocaría a España lejos de la tendencia imperante en la Unión Europea. No en vano, nuestro país se convertiría en un caso extremo al contar con el segundo límite legal más restrictivo al tiempo de trabajo, con la excepción de las 35 horas imperantes en Francia. Pero a años luz de las 48 de Alemania, Países Bajos, Dinamarca e Irlanda y las 40 de Italia. La reducción de la jornada dejaría así a España como una rara avis en materia laboral dentro de la UE, lo que es negativo. Pero más aún en un contexto en el que las empresas deben elevar su productividad en un contexto de mayor competencia a nivel global. Objetivo que es justo lo contrario al que se lograría con este recorte horario.