La recaudación por el Impuesto de Sucesiones alcanzó los 3.011 millones en 2023, último año analizado por la Inspección General del Ministerio de Hacienda. Una cifra que supone un descenso superior al 5% respecto al ejercicio precedente. Es cierto que en los últimos años este tributo ha reducido su peso en los ingresos de las arcas públicas, excepto en 2020 cuando subió un 44,5% por la alta mortalidad provocada por el Covid. Pero también es verdad que el descenso experimentado en 2023 es el mayor que se contempla desde el ejercicio 2018. Fue en mayo de 2023 cuando se celebraron elecciones autonómicas y municipales tras las cuales 11 de las 17 autonomías están gobernadas por el PP. Un partido que durante la campaña electoral de dichos comicios declaró la guerra a los impuestos, especialmente a Sucesiones y Donaciones. Por tanto, la razón que explica la mayor mengua en la recaudación de esta tasa reside en, precisamente, las bonificaciones introducidas por los gobiernos regionales en manos de los populares. Pese a ello, nuestro país siempre aparece en los rankings internacionales independientes como uno de los territoriales donde más se grava la mera transmisión de riqueza. De hecho en autonomías como Cataluña, Castilla-La Mancha, Navarra y Asturias el volumen de personas que renuncia a heredar alcanza niveles récord al no poder hacer frente a las tasas correspondientes. Resulta por ello necesario terminar con el castigo injusto que Sucesiones supone al gravar una riqueza por la que ya se tributó en el pasado con creces. Por desgracia, las autonomías que no están en manos de los populares y el Ejecutivo central siguen empeñados en una política de voracidad recaudatoria, que lastra el consumo y la inversión.
