
Las pensiones por viudedad suponen el 16% de la nómina de la Seguridad Social, el segundo desembolso más elevado tras el pago de las prestaciones por jubilación. En concreto, esta partida también llamada de muerte y supervivencia, alcanzó casi 2.200 millones, en abril. Una cifra que supera en un 28% a la que había hace cinco años. Un espectacular incremento que no responde a un mayor número de pensionistas, de hecho, se observa un ligero descenso del 0,15% en el periodo, sino a la revalorización de la prestación. Y es que al igual que ocurre con el resto de pensiones, las de viudedad también se han beneficiado de la decisión del Ejecutivo en la reforma de pensiones de 2021 de ligar el incremento de la nómina al comportamiento de la inflación. Debido a ello, la carga que para la Seguridad Social suponen los pagos por viudedad escalan de forma desmedida, ahondando los desequilibrios del sistema. Con el objetivo de racionalizar el gasto en esta rama de las pensiones, la comisión del Pacto de Toledo planteó en 2020 una pensión modulada según el nivel de renta. Con ello se quería limitar el desembolso en las personas viudas que están en edad de trabajar (un tercio del total aproximadamente) y que perciben un salario. Esta medida habría ayudado a reducir el gasto en pensiones sin restar protección a las personas mayores de 65 años que pierden a su pareja. Pese a ello, la reforma de la pensión de viudedad quedó olvidada en 2020 y así seguirá durante más tiempo ante el nulo interés del Ministerio liderado por Elma Saiz por recuperarla. Se convierte así en una asignatura pendiente más. Ello pese a que cada año supone un desembolso cada vez mayor para una Seguridad Social con una deuda en niveles récord.