E l crédito al consumo en España arrastra una asignatura pendiente que lo diferencia de muchas economías europeas avanzadas: la opacidad en el acceso a información crediticia de calidad. Esta deficiencia estructural tiene un impacto directo sobre los consumidores, ya que encarece el precio del crédito, limita la competencia y dificulta la inclusión financiera, especialmente de quienes son, paradójicamente, buenos pagadores. Como profesional del sector, considero urgente abrir un debate público sobre esta situación y avanzar hacia un modelo más justo y eficiente.
En mi experiencia, la información que se utiliza en España para evaluar la solvencia de los consumidores proviene sobre todo de registros negativos –como ASNEF o BADEXCUG– y de la CIRBE, la Central de Información de Riesgos del Banco de España. Aunque esta última es técnicamente un registro positivo, su operativa presenta limitaciones: solo recoge deudas superiores a 1.000 euros por entidad, no permite visualizar el detalle de cada operación en los informes agregados que reciben las entidades y se actualiza de forma mensual, con un decalaje que impide ver la situación exacta en tiempo real. A esto hay que sumarle que no incorpora datos no bancarios como pagos fraccionados en comercios o servicios, lo cual deja fuera una parte creciente del endeudamiento real de las familias.
Sin ir más lejos, países como Portugal han apostado decididamente por la transparencia crediticia. El Banco de Portugal gestiona una base pública donde se registra todo préstamo o crédito superior a 50 euros, y permite a las entidades acceder online al "mapa de responsabilidades" del cliente, con una visión clara y actualizada de todas sus deudas. Esta herramienta no solo reduce el riesgo de sobreendeudamiento, sino que mejora la competencia, porque todas las entidades –grandes y pequeñas– pueden evaluar el perfil real del consumidor, sin depender de información interna acumulada.
Y es que el contraste es evidente si miramos hacia Estados Unidos. Allí, cada ciudadano cuenta con un credit score, una puntuación objetiva basada en su historial crediticio. Este sistema le permite no solo acceder a mejores condiciones si ha demostrado buen comportamiento financiero, sino también compartir su score con distintas entidades y negociar de tú a tú. En esencia, el cliente es dueño de su información, y eso lo coloca en una posición mucho más ventajosa. En España, sin embargo, un cliente ejemplar difícilmente puede acreditar su historial más allá de su entidad habitual.
En muchos países europeos como Alemania, Reino Unido o los Países Bajos, las entidades financieras reportan tanto los impagos como el cumplimiento regular de los compromisos crediticios. Este enfoque de información positiva permite tener una visión más precisa del historial financiero del cliente, lo que ayuda a reducir la morosidad y ajustar mejor los precios al riesgo real. Según diversos estudios, compartir este tipo de datos puede aumentar en hasta un 11% las solicitudes aprobadas sin incrementar el riesgo. En resumen: más acceso al crédito y un mercado más eficiente.
Mientras tanto, España sigue operando en un ecosistema donde solo los grandes bancos tienen una ventaja informativa clara. Al conocer el comportamiento financiero de sus propios clientes, pueden ajustar precios y segmentar mejor. Las fintech y nuevos entrantes, en cambio, deben asumir más incertidumbre, lo que frena su capacidad para competir. Resultado: menos alternativas para el consumidor, tipos de interés más altos y un mercado menos dinámico.
No todo está estancado. La rebaja del umbral de la CIRBE de 9.000 a 1.000 euros ha mejorado la cobertura, y el desarrollo del Open Banking ha abierto nuevas vías para analizar la solvencia. Pero estas medidas, siendo útiles, aún no bastan si no se avanza hacia un sistema de información crediticia completo, accesible y actualizado, que también refleje lo que se hace bien.
Aquí es donde el regulador debe tomar las riendas. Crear un bureau positivo –ya sea público o en colaboración público-privada– permitiría democratizar el acceso a la información, facilitaría la entrada de nuevos operadores y daría al consumidor la posibilidad de beneficiarse de su propia responsabilidad financiera. Con las debidas garantías en privacidad y protección de datos, es perfectamente viable diseñar un sistema justo, moderno y eficaz.
Porque, en definitiva, España no puede permitirse seguir penalizando a los buenos pagadores ni sostener un modelo donde la falta de información se traduce en precios más altos. Los ejemplos internacionales demuestran que otra vía es posible. Implementar un registro de crédito positivo, mejorar la granularidad de la CIRBE y fomentar la competencia en igualdad de condiciones no solo es justo: es urgente.
Ahora que la estabilidad financiera de los hogares es más importante que nunca, y cada décima en el tipo de interés cuenta, avanzar hacia un ecosistema más transparente y competitivo es una cuestión de responsabilidad institucional. Un mercado de crédito más justo no solo beneficia al consumidor: también fortalece el sistema financiero. Y eso, al final, nos beneficia a todos.