Madrid
La UE tiene como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% antes de 2030 y alcanzar cero emisiones netas en 2050. Aunque la electrificación y las energías renovables desempeñarán un papel crucial en este proceso, tienen limitaciones para reducir las emisiones en ciertas industrias o en transporte pesado. En estos casos, el hidrógeno verde podría ser una solución clave.
El hidrógeno puede utilizarse como fuente de energía o como materia prima en diversas industrias. Actualmente, España sólo produce el 8% del hidrógeno gris de la Unión Europea, y se utiliza principalmente en el refino de combustibles fósiles, como el diésel y la gasolina, y en la producción de fertilizantes. El hidrógeno verde podría ser su sustituto en estos sectores o en la producción de combustibles sintéticos para el sector marítimo y la aviación. También podría contribuir a descarbonizar la siderurgia y otras industrias en las que la electrificación no es factible, o la captura de carbono no es viable.
Aunque existen obstáculos por superar, España podría aprovechar la competitividad de sus energías renovables y la demanda industrial de hidrógeno existente para producir hidrógeno verde a un coste un 20% inferior al previsto en Europa Central y liderar así la producción en la región. Para ello es fundamental fomentar su demanda, incrementar su producción competitiva, hacer los proyectos bancables y desplegar la infraestructura para su transporte y almacenamiento.
Primero, en el escenario más ambicioso, la demanda interna de hidrógeno verde podría alcanzar los 0,9 millones de toneladas en 2030 (frente a las 0,6 de hidrógeno gris consumidas actualmente). Esta demanda se podría cubrir íntegramente con producción local y, además, España exportaría un 20% de volumen adicional a otros países europeos. Industrias como el refino y la química, así como la producción de combustibles sintéticos, sujetos a distintas cuotas de hidrógeno verde por parte de la regulación europea, representarían el 50% de esta demanda, la más firme. Además, el alza en los costes de CO2 y posibles incentivos y "primas verdes" podrían impulsar su uso voluntario en otros sectores.
Sin embargo, en un escenario basado en la trayectoria actual del mercado, la demanda voluntaria no se materializaría de forma significativa, y la capacidad de electrólisis no superaría los 6 GW, la mitad de los objetivos marcados por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Aunque se han anunciado proyectos por más de 20 GW, nuestro análisis muestra que más del 95% de esos anuncios aún se encuentran en etapas de viabilidad y diseño preliminar de ingeniería, y solo una fracción pasará la decisión final de inversión para estar operativa en 2030.
Segundo, para asegurar un suministro de hidrógeno verde competitivo, es fundamental garantizar una electricidad renovable económica, ya que puede suponer más del 50% del coste. Además, las sanciones por no alcanzar las cuotas reglamentarias tienen que desincentivar los posibles incumplimientos. Solo así se podrá cerrar la brecha entre la disposición a pagar y el coste de producción a corto plazo.
Tercero, España necesitaría más de 20.000 millones de euros para dar cumplimiento a los objetivos de producción de hidrógeno verde de PNIEC. Incentivos como el PERTE EHRA (3.100 millones) y otras partidas de fondos europeos ayudarán, pero entre el 70% y el 90% del capital vendrá del sector privado. Las grandes energéticas están financiando con capital propio y deuda corporativa sus primeros proyectos, mientras que los grandes proyectos recurrirán a Project Finance, con hasta el 75% en deuda sin recurso. Proyectos como el de H2 Green Steel en Suecia, han demostrado la viabilidad de estos esquemas de financiación.
Por último, la expansión de la producción de hidrógeno verde en España requiere optimizar la infraestructura de red para garantizar el suministro energético renovable necesario para la producción y, eventualmente, desplegar la infraestructura para el transporte de hidrógeno. A corto plazo, antes de 2030, la mejor solución es ubicar las plantas de producción junto a los centros de consumo para reducir los elevados costes logísticos. A largo plazo, los gasoductos serán la opción más económica para distancias cortas y transeuropeas, mientras que el transporte marítimo será preferido para el comercio intercontinental, por ejemplo, en forma de amoniaco verde.
Para que se puedan materializar estos objetivos, es necesario tomar medidas que incluyen proporcionar ciertas garantías públicas en los primeros proyectos para permitir su bancabilidad, atraer la inversión internacional, establecer sanciones unificadas en la Unión Europea, estandarizar las normativas y crear un mercado de créditos RFNBO, ofrecer incentivos como los contratos por diferencias, probados en otros países Europeos, y agilizar tanto los procesos de concesión de permisos como el desembolso de ayudas públicas.
En definitiva, España tiene una oportunidad única para convertirse en un actor clave en la seguridad de suministro energético europeo. Alcanzar esta aspiración requiere superar numerosos retos, acelerando el ritmo actual de desarrollo y la implementación de determinadas políticas que determinarán si España puede realmente capitalizar esta oportunidad.