La dependencia energética de España ha sido un tema recurrente en el debate público y político durante décadas. España, como muchos otros países europeos, ha dependido históricamente de los combustibles fósiles para satisfacer sus necesidades energéticas.
Sin embargo, esta dependencia no solo tiene implicaciones económicas, sino también ambientales y geopolíticas. En este contexto, la transición hacia fuentes de energía más verdes, como la electricidad, se presenta no solo como una necesidad, sino como una oportunidad para el país.
España importa una gran parte de los combustibles fósiles que consume, lo que la hace vulnerable a las fluctuaciones de precios en los mercados internacionales y a las tensiones geopolíticas. Según datos de Eurostat, en 2022, el grado de dependencia energética exterior de España fue del 74,4%, lo que significa que el país importó alrededor de tres cuartas partes de la energía primaria consumida. En 2023, esta dependencia se redujo al 66,8%, gracias a un aumento en la producción interna de energía fotovoltaica (38% más) y la energía hidráulica (42,3% más). La energía nuclear también contribuyó significativamente, aportando el 39,7% del total de la producción nacional.
No obstante, y a pesar del significativo incremento de la producción de energía renovable, es necesario dar nuevos pasos para que España pueda alcanzar algunos de los objetivos fijados en la agenda nacional de transición energética (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima - PNIEC) y los objetivos de la Agenda 2030, como generar el 81% de la electricidad con energía renovable y reducir la dependencia energética hasta un 50% para 2030.
En este escenario, la Comunidad Valenciana sale peor parada que la media nacional en cuanto a dependencia energética, ya que en 2023 fue la segunda comunidad autónoma «importadora» de energía eléctrica, y sólo un 19,4 % de la producción eléctrica valenciana procedió de fuentes renovables. Es un 3,4 % más de generación renovable que en 2022, pero está lejos del objetivo del 45 % de generación con tecnologías verdes marcado por la Unión Europea para 2030.
Nos encontramos en un contexto en el que la necesidad de compatibilizar la transición energética con la seguridad de suministro y la competitividad industrial toma una especial relevancia. Por tanto, hay un llamamiento unánime a favor de disponer de medidas regulatorias y fiscales que incentiven una transición energética sostenible, efectiva y autónoma para la Comunidad Valenciana.
Un reflejo claro de este clima es la enmienda presentada por varios grupos políticos en diciembre para eliminar o suspender el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica en favor de reducir el coste de la factura eléctrica para empresas y particulares, o el debate abierto sobre el impacto negativo de extender el gravamen a las empresas energéticas que podría impactar negativamente en el esfuerzo inversor que están llevando las empresas para materializar dicha transición energética.
La implementación de este tipo de medidas como la suspensión del "impuesto del 7%" puede tener un impacto positivo en la economía y el medio ambiente, al reducir los costos de la electricidad para las empresas, lo cual fomenta la competitividad y promueve la inversión en tecnologías más limpias.
En esta misma línea, el Tribunal Supremo dictó sentencia el 17 de abril de 2024, en relación con el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE), ampliando el alcance de la reducción del 85% en la base imponible del IEE respecto de aquellas actividades industriales cuyos consumos de electricidad representen al menos el 5% del valor de la producción.
Hasta ahora, el concepto de "actividades industriales" estaba restringido por la Administración Española, que limitaba las actividades industriales a aquellas clasificadas en la sección primera, divisiones 1ª a 4ª de las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). Sin embargo, en contra de este criterio, el Tribunal Supremo en la citada sentencia establece, muy acertadamente, que el concepto de "actividades industriales" debe interpretarse de forma amplia, conforme a la Ley 21/1992 de Industria, permitiendo a más empresas acceder a este beneficio.
Esta decisión del Tribunal Supremo, por el momento, no beneficiará a un gran número de empresas valencianas, ya que la aplicación de esta reducción seguirá siendo limitada, si bien representa un avance significativo para la industria española, en la medida en que podría suponer un ahorro del 4%-5% del coste total de electricidad anual, y podría suponer un acicate para la electrificación de la industria valenciana.
La transición hacia fuentes de energía más verdes es esencial para reducir la dependencia energética de la Comunidad Valenciana y mitigar los efectos del cambio climático. La reciente sentencia del Tribunal Supremo y medidas fiscales, como la eliminación del impuesto sobre la producción eléctrica, son pasos importantes en esta dirección. Sin embargo, es crucial que esta transición se gestione de manera efectiva, asegurando que las infraestructuras y políticas estén alineadas para apoyar un futuro energético más sostenible y seguro.