Madrid
El gasto en contratos públicos opacos se ha disparado en los últimos años. En concreto, el presupuesto para licitaciones sin publicidad se ha elevado un 60%, pasando de 3.785 millones en 2021 hasta 6.088 millones en 2023, último ejercicio analizado. Gran parte de la responsabilidad de este aumento la tienen las adjudicaciones del Ministerio de Defensa. De hecho, el 94,67% de sus expedientes no se ha publicado en la Plataforma del Estado.
Esta fórmula de contratación a la que Defensa recurre de forma mayoritaria omite el periodo de anuncio o licitación y se invita directamente a las empresas a participar en el mismo. Se trata de un mecanismo legal, pero según la ley de contratación pública se debe limitar a casos especiales o donde no se haya presentado ninguna oferta, ya que supone un coladero para realizar adjudicaciones a dedo. Pese a ello, el Gobierno en general y Defensa en particular utilizan cada vez más esta práctica de adjudicación casi directa que da lugar a una incorrecta aplicación presupuestaria y genera inseguridad jurídica. No en vano, la escasez de información al respecto de este tipo de contratos impide tener un control adecuado sobre la utilización del dinero público.
Estas irregularidades también fueron detectadas durante el Covid, lo que derivó en escándalos como el del caso Koldo. Urge por tanto, que el Ejecutivo limite la fórmula de contratación sin publicidad a las situaciones donde sea estrictamente necesaria. Asimismo, también es perentorio que el alza del gasto de casi 10.500 millones en Defensa no sirva para elevar la contratación opaca de este Ministerio. De lo contrario se corre el riesgo de crear redes clientelares de empresas y administraciones que van en contra de la libre competencia y que son negativas para la prestación de los servicios públicos.