El impulso del volumen de trabajadores fijos discontinuos, desde la aprobación de la última reforma laboral, ha generado un necesario debate sobre hasta dónde asciende realmente la cifra de desempleados en España. La discusión no se limita a los también llamados falsos indefinidos. Existe un importante volumen de personas que, por diferentes razones, no trabajan, comunican esa situación a los Servicios de Empleo, e incluso cobran la prestación o el subsidio de desempleo.
Sin embargo la estadística oficial se resiste a clasificarlos como parados. Los cómputos más recientes revelan que al mes 1,7 millones de personas quedan excluidas de las listas del SEPE, un 7% más que en 2023. De esa cifra, más de 500.000 son borrados por causas justificadas, ya que se encuentran inactivos de modo excepcional, al acogerse a un ERTE o declararse en huelga.
Pero el resto, es decir 1,2 millones son personas que, pese a estar por completo inactivas, no se las considera paradas porque "tienen expectativas de volver a su trabajo", aun cuando en ningún caso se les exija que acrediten que están buscando activamente una colocación. Se trata, por tanto, de un criterio que los expertos consideran no solo cuestionable sino demasiado ambiguo en su aplicación, ya que a ella se acogen hasta ocho colectivos tan variopintos como los mencionados fijos discontinuos, las personas retiradas en régimen de jubilación parcial o los trabajadores agrarios beneficiarios del antiguo PER.
Conviene poner orden en la aplicación de estos criterios estadísticos y que Trabajo, junto a las autonomías, muestren mayor transparencia en su uso. De lo contrario, persistirá la sospecha de que, pese al buen momento económico, las cifras del mercado laboral español están sometidas a un inaceptable maquillaje.