Pese a la intensa recuperación del empleo desde la pandemia y la mejora de la estabilidad de los contratos, los últimos datos de Eurostat dejan claro que la volatilidad de los puestos de trabajo sigue siendo norma habitual del mercado laboral español.
Tanto es así que durante el tercer trimestre del pasado año, 761.000 desempleados encontraron un trabajo, lo que supone la cifra más alta de la Unión. Pero al mismo tiempo, otros 605.000 ocupados acabaron en el paro.
Esta evolución no contradice el hecho de que el saldo de entradas y salidas de la ocupación sigue siendo positivo, como el Gobierno recuerda continuamente, pero sí lo pone en un contexto que disuade de la tentación de entregarse al triunfalismo. El margen entre creación y destrucción de empleo es demasiado estrecho para ello. Sirva para demostrarlo que un 2,9% de los empleados en nuestro país acaba en el paro cada trimestre, el porcentaje más elevado de los Veintisiete, cuya media es de solo el 1,3%.
Según refleja un reciente estudio de Fedea y BBVA Research, el porcentaje se ha reducido notablemente desde 2016, cuando alcazaba un promedio del 4,2%. Pero los expertos advierten de que el retroceso se ha estancado desde 2022, lo que evidencia el fracaso de la reforma laboral en su objetivo de reducir el riesgo de los ocupados de terminar en el paro.
Todo ello nos sitúa en un escenario en el que la mejoría del empleo no impide que nuestro país siga siendo, con diferencia, el más vulnerable de los Veintisiete ante un eventual cambio de ciclo. Un diagnóstico que debería presidir todas y cada una de las nuevas rutas abiertas por el Gobierno en materia laboral, poniendo en entredicho la reducción de jornada, los cambios en el despido o la subida del SMI. Solo así se evitará agravar la debilidad del empleo en España.
