La regulación en materia de sostenibilidad en Europa atraviesa un momento de redefinición clave. La Comisión Europea, consciente de las crecientes quejas sobre la complejidad y el peso administrativo de las normativas, ha lanzado su Competitiveness Compass, un plan para impulsar la competitividad a través de la simplificación regulatoria. Se espera que el 26 de febrero (posiblemente se posponga en marzo) se publique el llamado Omnibus Simplification Package, destinado a reducir un 25% las cargas de reporte y a ajustar los plazos de implementación de la directivas CSRD (reporte), CSDDD (due dilligence) y la Taxonomía de la UE.
España envió ayer una carta a la (nueva) Comisión Europea advirtiendo de los riesgos de descafeinar estas regulaciones. El Miteco alega con acierto que la necesaria "simplificacion" no debe "cuestionar" la "ambición en la consecución de nuestros objetivos climáticos" y apunta que "el refuerzo de la agenda verde contribuirán a reforzar la competitividad de la UE".
¿Pero por qué se están reabriendo estos paquetes regulatorios? El objetivo de reducción de carga burocrática incluye una redefinición de las categorías empresariales para ajustar las obligaciones de reporte a las capacidades de cada tipo de compañía, con especial énfasis en aligerar las trabas para las pymes. La promesa de menor regulación fue bien recibida por el sector privado, pero también ha despertado preocupaciones sobre otras posibles consecuencias.
El debate gira en torno a varios ejes. Por un lado, existe consenso en la necesidad de una mayor claridad y armonización entre normativas para evitar redundancias y facilitar la implementación en los Estados miembros. Por otro lado, hay dudas sobre hasta qué punto los cambios podrían debilitar las ambiciones fundamentales de la regulación ESG en Europa. La Comisión insiste en que la simplificación se centrará en eliminar duplicidades sin reducir la calidad de la información. Sin embargo, ya se especula sobre una posible modificación del alcance de la CSRD, lo que podría eximir a empresas con menos de 1.000 empleados de sus obligaciones de reporte. Esto supondría la exclusión de hasta el 85% de las empresas actualmente sometidas a estos requerimientos de transparencia.
Las posiciones dentro de la UE están divididas. El ecofin ha respaldado la reducción de cargas administrativas, mientras que grandes inversores y grupos de sostenibilidad advierten sobre el riesgo de una relajación normativa que comprometa la credibilidad de los informes ESG europeos. El IIGCC y Eurosif han alertado del riesgo de debilitar los estándares de divulgación, la confianza del mercado y la competitividad a largo plazo.
Un elemento preocupante es la posible eliminación del concepto de doble materialidad en la CSRD, lo que alinearía la normativa con el enfoque del ISSB basado únicamente en materialidad financiera. Esto supondría recortar la ambición europea de liderar la transparencia y el impacto empresarial positivo. Además, la CSDDD está bajo revisión y algunos sectores abogan por reducir los requisitos de planes de transición climática y responsabilidad civil. También es negativa la falta de protagonismo de EFRAG en estas discusiones pese a su papel clave en el desarrollo de los estándares de reporte europeos.
Frente a este escenario, creemos que el paquete Omnibus debe buscar un equilibrio realista y pragmático. La simplificación es bienvenida, pero no debe convertirse en una agenda de desregulación impulsada por presiones políticas. Cambiar los umbrales de aplicación de la CSRD y la CSDDD o retrasar indefinidamente su implementación no es simplificación, sino una forma de diluir compromisos climáticos adquiridos. El paquete Omnibus probablemente retrasará el reporte de la CSRD para las pymes y empresas fuera de la UE por al menos un año, y se espera que eleve los umbrales de reporte tanto para grandes empresas como para pymes, reduciendo significativamente el número de compañías afectadas. Para que su implementación sea exitosa, será fundamental contar con directrices más claras, recursos adecuados y un periodo de transición que facilite la adaptación. La reducción de la carga de reporte beneficiará a las empresas pero genera confusión en la implementación.
En cuanto a la CSDDD, es probable que su implementación se retrase al menos dos años debido a sus importantes implicaciones legales. Podrían reducirse o eliminarse las disposiciones que permiten a individuos presentar demandas legales contra empresas. Para aliviar la carga de reporte en las pymes, es probable que se introduzca lenguaje que proteja a estas empresas de ser obligadas a proporcionar datos a grandes corporaciones bajo el marco de la CSDDD.
Probablemente Omnibus traiga cambios importantes y, para los departamentos de sostenibilidad, la incertidumbre exige prudencia. Próximamente, será clave ajustar los contratos de auditoría y es fundamental entender qué aspectos seguirán siendo críticos y garantizar la generación de informes sobre datos estratégicos, como la doble materialidad, independientemente de futuras modificaciones. Además, es necesario asegurarse de la adaptabilidad de los proveedores de software ESG. La reducción de la carga administrativa no debe minar el deber de transparencia pues la presión por actuar y comunicar llega ya a las empresas desde sus bancos, proveedores y clientes. La sostenibilidad no es una tendencia pasajera, sino un pilar estratégico para la competitividad empresarial y el liderazgo europeo en el compromiso climático global.
