Al Gobierno le ha salido mal su estrategia de utilizar los decretos ómnibus para incluir medidas de todo tipo con el objetivo de presionar a la oposición para lograr los apoyos parlamentarios necesarios. Así quedó patente tras tumbar el Congreso el último de ellos, que incluía iniciativas como las ayudas a la DANAy la revalorización de las pensiones, pero también otras imposibles de aprobar por la derecha política como la supresión de los desahucios.
De cara al sistema público de pensiones esta derrota parlamentaria limitará los ingresos de la Seguridad Social en un año en el que volverá a haber récord de gasto, 216.000 millones, por el progresivo retiro de la generación del baby boom. Ello debido a que el ómnibus incluía además del aumento de las nóminas para los jubilados, una triple subida de cotizaciones sociales con la que el Gobierno esperaba recaudar 5.800 millones.
En concreto, las medidas tumbadas son la subida del MEI, la actualización de las bases de cotización y la creación de la denominada cuota de solidaridad para los salarios altos. Lejos de lo que se pueda pensar, el Ejecutivo no tiene previsto presentar estas medidas individualmente para sacarlas adelante, ya que pretende aprovechar políticamente el rechazo a las mismas para atacar a la oposición.
Por tanto, el riesgo de generarse un mayor agujero en el sistema de pensiones es alto. Pero la derrota del Gobierno con su decreto ómnibus también demuestra el error de la última reforma de pensiones al fiar la sostenibilidad del sistema al alza de los ingresos sin racionalizar el gasto. Una estrategia que ya desde el principio es cuestionable, pero que se viene abajo en momentos de debilidad parlamentaria como el actual, en el que se requiere el apoyo de varios partidos para sacar adelante las medidas en pensiones.