El Gobierno incluyó en su primer paquete de ayudas por la DANA una moratoria legal para las deudas asociadas a créditos y préstamos a empresas y particulares afectados por la catástrofe. Según las estimaciones del Banco de España, las entidades tienen en balance más de 20.500 millones en financiación a familias y compañías que residen o están radicadas en los municipios que resultaron inundados.
Esta elevada cifra provoca que el simple hecho de aplicar moratorias suponga un riesgo para los balances de la banca, especialmente para aquellas entidades con una mayor presencia en Valencia. Ello debido a que las ya citadas moratorias disparan contablemente el régimen exigible de provisiones para una entidad, en la medida que el riesgo de la operación crece y la regulación bancaria impone activar el calendario de dotaciones. Pero, por fortuna, este riesgo ha desaparecido ya que la banca se beneficiará en los créditos afectados por la DANAdel alivio de provisiones admitido por el BCE con el Covid.
Durante la pandemia, los bancos no tuvieron que elevar sus provisiones por la financiación a empresas y particulares. Esta medida fue un éxito entonces, ya que permitió a las entidades seguir dando crédito sin ahogar sus balances, lo que dio la posibilidad a muchos negocios de retornar a la actividad cuando pasó lo peor del coronavirus. Ahora el Banco de España aclara que, de nuevo, la situación excepcional que implica la DANA es un argumento de suficiente peso como para que el sector no tenga que reclasificar las operaciones que se acojan a las moratorias aprobadas por el Gobierno. Se trata, sin duda, de una medida sensata, ya que permitirá a la banca seguir ayudando a los afectados por la catástrofe sin que ello les obligue a elevar las provisiones.
