Una de las iniciativas legislativas más relevantes de los primeros meses de 2025 será el proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica. Esta nueva norma impulsada por el ministerio liderado por Jordi Hereu busca actualizar el marco regulatorio en materia de política industrial, con el objetivo de desarrollar una nueva estrategia en la materia que refuerce el peso de la industria en la economía española y su competitividad.
Remitido a Cortes a mediados de diciembre, este proyecto de ley afrontará en los próximos meses su tramitación parlamentaria. Desde el Gobierno se ha insistido en la importancia de aprobarlo con el máximo consenso para que pueda ser un instrumento de política y gobernanza industrial que se mantenga con el paso de los sucesivos gobiernos para dar certidumbre al sector.
No obstante, es esencial que este proyecto de ley vaya acompañado de una serie de grandes decisiones y de políticas públicas de calado para asegurar la competitividad del industrial actual y atraer más inversión en este campo.
La primera de ellas tiene que ver con la producción de energía. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) establece que, para 2030, España debería alcanzar una generación eléctrica de procedencia renovable del 81% del mix energético. Para conseguirlo, no sólo hay que incrementar de forma exponencial hasta 2030 la capacidad instalada de energía renovable, sino también garantizar el almacenamiento necesario para cubrir la demanda en momentos de baja producción renovable por factores meteorológicos. Y es en este escenario donde aparece el elefante en la habitación: ¿España, y especialmente su industria, puede permitirse el cierre de sus centrales nucleares a partir de 2027?
Son cada vez más voces y sectores que cuestionan que pueda prescindirse del 20% de la electricidad de procedencia nuclear que se genera en España, al tratarse de una fuente estable y fundamental para el funcionamiento de la industria. Incluso en territorios altamente industrializados como Catalunya la dependencia de la energía nuclear es aún mayor, con casi el 60% del suministro energético procedente de ella. Además, no hay que olvidar que el futuro de la industria pasa, en gran medida, por la electrificación de procesos como paso necesario para su descarbonización.
Pero si hablamos de producción, necesariamente tenemos que hablar también de la red de transporte de la energía eléctrica. En España hay territorios que son productores netos y otros muy demandantes, por lo que hay que avanzar hacia una red de transporte que sea flexible y que lleve la electricidad ahí donde se necesita. En este sentido, una de las tareas clave que la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, tendrá que abordar los primeros meses de 2025 es la aprobación del borrador de la nueva planificación de la red eléctrica 2025-2030. Una buena proyección de la red y de las nuevas líneas que hay que construir hasta el final de la década es esencial para proveer a todos los nuevos proyectos industriales de la energía que necesitan para funcionar y, en definitiva, llevar la energía eléctrica en las zonas donde se necesita para generar actividad económica.
En segundo lugar, la simplificación administrativa y la reducción de la burocracia en todos los niveles de la Administración son esenciales para impulsar la competitividad y atraer inversión en España. Muchos proyectos de inversión enfrentan incertidumbre debido a la lentitud con la que las administraciones tramitan sus expedientes y permisos, lo que puede resultar decisivo a la hora de determinar si un proyecto se implanta en el país o busca otros destinos con más facilidades. Para superar este obstáculo, es imprescindible reforzar las plantillas de los departamentos clave que gestionan estos procesos, donde los atascos están retrasando decisiones de inversión estratégicas. Garantizar agilidad y certidumbre administrativa no solo dinamizaría la economía, sino que también aumentaría el atractivo inversor del país.
Por último, asegurar la continuidad de las ayudas de Estado una vez finalicen los fondos Next Generation es fundamental para seguir apuntalando la descarbonización, la transformación digital y, en definitiva, la modernización de la industria española. Hay que ayudar a la industria a afrontar sus grandes inversiones para que siga siendo competitivo mantener una planta productiva en Europa, y hacerlo de tal manera que blindemos esos sectores estratégicos que aseguren la autonomía estratégica de España y de toda la Unión Europea. Se ha escrito mucho al respecto, y en este sentido los citados informes Letta y Draghi dan muchas e interesantes indicaciones sobre qué tiene que hacer la UE y sus Estados miembros para blindar la industria en nuestras fronteras y no dejando escapar inversión y puestos de trabajo.
En suma, la tramitación del proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica representa una oportunidad crucial para la industria española. Sin embargo, este esfuerzo debe complementarse con decisiones estratégicas en materia energética, simplificación administrativa y continuidad de políticas públicas de apoyo. Solo a través de un enfoque integral y sensible a las necesidades de distinta índole de la industria, España podrá fortalecer su sector secundario y asegurar su competitividad a largo plazo.
