No voy a entrar en la cansina comparación entre El hormiguero, de Pablo Motos, y La revuelta, de David Broncano, pero sí que voy a aprovechar el éxito de este último para hacer una reflexión. La Corporación de Radio y Televisión Española, S.A. es el ente público del Estado que tiene atribuida la gestión del servicio público de radio y televisión.
Nos estamos, pues, refiriendo, a la gestión de un servicio público de los considerados como esenciales. En el ejercicio de su función pública, la Corporación tiene, entre otras muchas obligaciones, promover el conocimiento de las artes, la ciencia, la historia y la cultura; atender a la más amplia audiencia, asegurando la máxima cobertura geográfica y social, con el compromiso de ofrecer calidad, diversidad, innovación y exigencia ética, y promover el conocimiento y difusión de los principios constitucionales y los valores cívicos.
Sus ingresos principales provienen de las compensaciones económicas consignadas en los Presupuestos Generales del Estado, esto es, de transferencias presupuestarias; de dinero público. En consecuencia, el servicio público de radio y televisión española, se financia con el dinero que todos pagamos a través de nuestros impuestos.
Por el contrario, los servicios de televisión prestados por operadores privados se financian, esencialmente, mediante los ingresos por publicidad y las aportaciones de sus accionistas. Pero la diferencia tal vez más importante entre ambos es que, mientras que el operador privado rinde sus cuentas con sus accionistas, el operador público rinde sus cuentas al Parlamento.
Mientras que el operador privado persigue el beneficio, el operador público, no. Mientras que el primero es una empresa privada, el segundo es una empresa pública. Mientras que el privado presta servicios con la intención de obtener un beneficio, el público no. Mientras que el primero es un servicio de naturaleza empresarial, el segundo es un servicio público. Mientras que el objetivo del primero es conseguir el máximo de ingresos posibles, el del segundo, no. Ambos, eso sí, son gratuitos.
Por tanto, la finalidad del Estado no es la de competir en el libre mercado y conseguir el máximo beneficio, sino la de prestar servicios públicos que se financian, esencialmente, con el dinero que se recauda en concepto de impuestos. Es pues obvio que la programación que el Consejo de Administración de RTVE aprueba cada año, tiene impacto presupuestario, y, por tanto, que su financiación incide en los ingresos públicos que el Estado necesita.
Por tanto, cuando los Presupuestos Generales del Estado se aprueban, no solo hay que debatir la asignación económica a RTVE, sino la estrategia general con relación a su aplicación. Si revisamos la hemeroteca del Parlamento, se observa que ese debate es casi inexistente. Me dirán que el lugar adecuado para hacerlo es en el seno del propio Consejo de Administración de RTVE. Cierto. Pero no es suficiente.
El debate estratégico con relación a cualquier servicio público esencial se ha de hacer en el Parlamento; debate en el que hay que debatir si es necesario destinar dinero público para financiar cualquier tipo de programación.
Es obvio, por ejemplo, que a la televisión pública le corresponde la emisión en directo de cualquier evento, de cualquier naturaleza, en el que intervenga España, como tal. Pero no es tan lógico, por ejemplo, que la televisión pública haya de financiar programas cuya finalidad principal sea competir en cuota de audiencia, o que haya de pagar determinadas retribuciones a profesionales externos.
Me refiero a que la programación del servicio público de radio y televisión no se ha de hacer con criterios de máxima audiencia y de libre competencia, sino con criterios que permitan la difusión plural de aquellos programas de interés general que tengan como finalidad la divulgación de contenidos de naturaleza cultural, científica, histórica, y/o artística.
Su finalidad, pues, es esencialmente educativa y divulgativa en su más amplia acepción. El ocio, anestesia. La educación, fomenta la capacidad de crítica, el conocimiento, y el debate.
El ocio es sin duda necesario, pero no a cualquier precio ni con cualquier contenido. No creo pues que el objetivo de la televisión pública sea competir en cuota audiencia. Pero entiéndase bien. No digo que su objetivo no sea conseguirlo. Digo, que su finalidad no ha de ser competir en el mercado como un operador más.
Ese es el objetivo de la radio y televisión privada. No, el de la pública. La programación del servicio público ha de ser acorde con su naturaleza y función. No vale, pues, cualquier contenido, ni cualquier retribución. La televisión pública ha de ser el reflejo de la sociedad a la que aspiramos.
Es, por tanto, el espejo público de referencia para todos. Tiene, pues, un importante valor formativo. Quienes tengan ya cierta edad recordarán, seguro, programas como La clave, El hombre y la Tierra, Érase una vez, y un largo etcétera, que tenían sin duda un alto valor formativo.
Se trata, en definitiva, de hacer lo que otros operadores no pueden hacer por razones de rentabilidad. No se trata, por tanto, de competir sin más, sino de formar.
Este es el gran reto de la televisión pública como servicio público. Y formulo de nuevo mi reflexión: ¿es necesario destinar dinero público para financiar cualquier tipo de programación? Mi respuesta es que no.