España tenía que transponer la directiva europea de condiciones laborales transparentes como tarde en agosto de 2022, pero aún no lo ha hecho. Además, esta normativa que limita el periodo de prueba en los Congresos lleva un año atascado en el Congreso de los Diputados. Lejos de lo que se pueda pensar, este tipo de demoras son más que habituales en el actual ejecutivo.
Lo demuestra el hecho de que en la actualidad existen casi 30 regulaciones comunitarias en las que se han excedido los amplios plazos (entre 2 y 3 años) que Bruselas concede para incorporarlas al BOE. Urge que el Gobierno acelere este tipo de trámites. Pero no solo por la mala imagen que ofrece ante Europa sino porque estas demoras pueden acabar terminando en cuantiosas sanciones para España.
