Como ya ha hecho en el pasado, el Gobierno aprovecha una norma para introducir otra diferente y lograr que pase desapercibida. El último ejemplo lo protagoniza Trabajo al incluir en la ley de Justicia un cambio de calado en el Estatuto de los Trabajadores.
Dicha modificación facilita que un trabajador que se marcha por propia voluntad de una empresa que paga con retraso pueda reclamar una indemnización por despido improcedente. Así, los empleados podrán renunciar a su puesto tras seis meses de atrasos o tres meses de impagos y pedir contraprestación siempre que lo avale un juez. Esta medida supone el golpe de gracia para las empresas con problemas económicos, ya que la obligatoriedad de afrontar estos pagos las puede conducir a la quiebra.
