La marcada ralentización en el despliegue de los fondos Next Generation EU ha sido una norma habitual de este Gobierno desde el lanzamiento del Plan de Recuperación de la UE en 2021. Lejos de resolverse con el tiempo, los propios datos de la Intervención General del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, desvelan que el ritmo de llegada de esa ayuda a la economía va perdiendo fuelle.
Si en 2022 terminó con el 30% del dinero ejecutado, un año después el porcentaje cayó al 24,5%. Y todo apunta a que la ansiada mejora tampoco llegará en el pasado 2024. Así lo indican al menos los datos hasta el 1 de diciembre, que desvelan que de los 34.134,4 millones presupuestados solo se han desplegado 7.538,3 millones, lo que supone que solo el 22% del dinero ha llegado a las empresas.
Los cuatro meses que el Ejecutivo se mantuvo en funciones a lo largo de 2023 fue el argumento para explicar el bajo ritmo de ejecución en aquel año. Pero tal excusa no cabe en el pasado ejercicio con un Gobierno que estuvo operativo al 100% durante los 12 meses del año. Todo indica, por tanto que problemas como la burocracia, la falta de personal o la excesiva regulación siguen siendo problemas sin resolver. Ello pese a que Economía prometió en el arranque de 2024 que se aumentaría la agilidad y reducirían las barreras administrativas para acelerar la ejecución de la ayuda.
A la vista está que tal circunstancia no se ha producido lo que provoca que buena parte de los fondos no lleguen a las empresas y a la economía real. Urge una clara mejora en este aspecto para evitar que buena parte del impacto positivo de una ayuda clave para modernizar e impulsar la economía se pierda.
