Los afectados por despidos colectivos han aumentado un 12% en los diez primeros meses del año y un 68% respecto al mismo periodo de 2022, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo. En ese tiempo, los trabajadores en ERTE han caído un 61%. Esta evolución contradictoria se explica ante todo por el fin de las condiciones excepcionales aplicadas a las regulaciones temporales durante la pandemia.
Asimismo, también influye el escaso alcance de las dos nuevas alternativas añadidas hace tres años por la reforma laboral: los ERTEs por fuerza mayor y el Mecanismo RED pensado para aplicarse en casos de reestructuración sectorial. Ambas fórmulas se acaban de reactivar en los dos últimos meses, para paliar los efectos de la catástrofe de la DANA en el empleo y los desafíos que afronta la industria del automóvil en nuestro país. Pero es difícil creer que estas iniciativas inviertan la tendencia, sobre todo en lo que se refiere a las extinciones de empleo.
Los antiguos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) siempre han sido la última opción de las empresas por su coste y su complejidad. Pero el hecho es que siguen creciendo a pesar del notable repunte del PIB, mientras que las medidas del Gobierno para impedirlo no están dando frutos. De hecho, el retroceso de los ERTEs nos acerca cada vez más a la casilla de salida previa a la pandemia, lo que muestra que las magnitudes macroeconómicas y el optimismo que generan en el Ejecutivo, sigue lejos de tener una traducción en la realidad que viven muchas empresas y sus trabajadores. Mientras no se diseñen políticas incentivadoras del tejido productivo, los despidos seguirán aumentando, recordándonos que el desempleo en España es de los más altos de la UE.
