El desajuste entre ingresos y gastos en pensiones contributivas se acerca a los 30.000 millones en los últimos 12 meses. Una cifra que es equivalente al 1,91% del PIB, pero que no causa sorpresa alguna. Ello debido a que el sistema de pensiones acumula 48 trimestres seguidos (12 años) ingresando menos de lo que dedica a pagar las nóminas. Este desequilibrio se produce pese a la mejora del empleo y a la última reforma de pensiones, cuyo objetivo era, precisamente, asegurar la sostenibilidad del sistema.
Con ese fin, la normativa impulsada por el exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, aumentó el esfuerzo de trabajadores y empresas a través de las cotizaciones sociales. Así, la reforma introdujo cuotas nuevas, como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), elevó de manera progresiva las bases máximas de cotización (destope) y creó el nuevo sistema de cotización por ingresos reales de los autónomos.
Todas estas medidas permiten mantener la tendencia al alza que los ingresos de la Seguridad Social muestran desde hace años. Pero se trata de un aumento insuficiente frente al que presenta la partida de gastos. No en vano, los desembolsos crecieron un 10,3% en 2023 y lo harán otro 7% en este 2024. Por si fuera poco, el progresivo retiro de la generación del babyboom elevará aún más la factura de las pensiones en los próximos años.
Pese a este desafío la reforma de Escrivá eludió cualquier iniciativa encaminada a racionalizar el gasto. Muy al contrario, la propia normativa se encargó de echar más gasolina al fuego con medidas tan costosas como ligar el alza de las nóminas al IPC, lo que elevará aún más la insostenibilidad que el sistema de pensiones ya presenta en la actualidad.
