Uno de los objetivos de la última reforma de pensiones fue aumentar la edad media de retiro de los españoles. Algo comprensible habida cuenta de que diferencia que en España existe entre la edad real y la legal de jubilación plantea importantes problemas al sistema de pensiones al reducir en el tiempo las aportaciones de los trabajadores.
En cifras, esto supone una reducción de los ingresos para la Seguridad Social de 1.100 millones al año. Con el fin de reducir el coste provocado por las marchas prematuras del mercado laboral, la primera parte de la reforma de Escrivá aprobada en 2021 incorporó medidas como el aumento de la edad legal.
Pero también trajo consigo incentivos para alargar la vida laboral y nuevos coeficientes que penalizaban de forma más dura la jubilación anticipada. Estos recortes aumentan de forma progresiva y son especialmente lesivos para las carreras de cotización que no alcanzan los 38 años y medio.
Tanto es así que la diferencia sobre la pensión para quienes decidan salir 24 meses antes de la fecha ordinaria alcanza el 21%. Los efectos de todas estas medidas ya se aprecian. Para empezar, el acceso a la jubilación anticipada se retrasa a 64 años y 8 meses.
Asimismo, la edad real de jubilación se ha incrementado hasta los 65,2 años, su máximo histórico. Los datos constatan que la reforma está dando sus frutos a la hora de desincentivar la salida prematura del mercado de trabajo. Es por ello positivo que el Ministerio de Seguridad Social de Elma Saiz siga en la misma línea de su predecesor, José Luis Escrivá, como demostró el acuerdo firmado con los agentes sociales en septiembre donde se incluyeron modificaciones a la jubilación parcial que permiten compatibilizar salario y pensión.
