Madrid
La inteligencia artificial (IA) es una de las revoluciones tecnológicas más significativas de nuestro tiempo. Sin embargo, hablar de 'expertos en IA' es prematuro ya que nos enfrentamos a una disciplina en la que convergen múltiples disciplinas y nuevos marcos regulatorios. Estamos, por tanto, en una fase de aprendizaje colectivo.
El uso de la IA está transformando rápidamente muchos sectores. Si bien esta transformación trae consigo grandes beneficios, también plantea riesgos significativos, desde sesgos discriminatorios hasta el uso indebido de datos personales.
En este contexto, la necesidad de un marco legal que proteja los derechos de los ciudadanos se hace indispensable. En este sentido, el Reglamento (UE) 2024/1689 (RIA) busca limitar prácticas dañinas y establecer unas normas claras.
Con esta legislación, Europa reafirma su compromiso con una tecnología ética, un enfoque que contrasta con otros mercados, donde todavía la regulación es escasa. Algunos actores de la industria europea han expresado su preocupación por una posible desventaja competitiva frente a mercados más permisivos. Estados Unidos, por ejemplo, carece de una regulación equivalente, lo que permite un desarrollo más rápido y menos costoso. Sin embargo, las pymes europeas, sujetas a nuevas cargas administrativas, podrían enfrentar dificultades para competir a nivel global.
No obstante, esta aparente desventaja podría convertirse en una ventaja a largo plazo. Los consumidores y socios internacionales, cada vez más conscientes de los riesgos tecnológicos, podrían preferir las tecnologías desarrolladas bajo un marco ético. En este sentido, Europa tiene la oportunidad de posicionarse como un líder en 'tecnología responsable', promoviendo un modelo sostenible de desarrollo.
El impacto de la IA generativa: derechos de autor
ChatGPT de OpenAI ha popularizado la IA generativa, conocida por su capacidad para crear contenido y presenta complejos dilemas legales.
Los sistemas de IA generativa son entrenados con grandes volúmenes de datos, muchos de los cuales incluyen obras protegidas por derechos de autor. De hecho, el propio Sam Altman, creador de OpenAI, reconoció ante la Cámara de los Lores del Reino Unido que "sería imposible entrenar a los modelos actuales de IA sin material con derechos de autor". Esto ha generado tensiones entre los creadores, que ven en la IA una explotación no consentida de sus obras.
La pregunta clave es: ¿es el contenido producido por IA una copia o una creación genuina? Mientras algunos consideran que estos sistemas únicamente se inspiran en obras previas, otros lo interpretan como plagio. Esta incertidumbre se ve agravada por la falta de transparencia en los datos utilizados para entrenar la IA, planteando dudas sobre posibles vulneraciones de derechos de autor y desafiando conceptos como 'originalidad' y 'autoría'.
Otro debate crucial es si las obras generadas por IA deberían estar protegidas por derechos de autor. Si una máquina genera una obra a partir del aprendizaje de millones de creaciones humanas, ¿quién debe ser considerado su autor? Atribuir la autoría a las máquinas podría diluir el concepto de creatividad humana y el desafío radica en encontrar un equilibrio: fomentar la innovación sin desproteger a los creadores humanos.
El Reglamento no solo enfrenta vacíos legales, sino también cuestiones técnicas. Por ejemplo, los modelos generativos pueden presentar respuestas que, aunque suenen convincentes, carecen de fundamento. Esto resalta la necesidad de que las decisiones automatizadas sean revisadas por operadores humanos, especialmente en los sistemas de alto riesgo.
Esta intervención humana no solo busca mitigar los riesgos de la IA, sino también reforzar la fiabilidad de los resultados, abordando la tecnología con un grado de desconfianza. Para ello, las empresas deben invertir en formación y definir procesos internos que aseguren un uso responsable de la IA entre sus distintos empleados y colaboradores.
Como es habitual con la entrada en vigor de una nueva norma, los preceptos del RIA (que se publicó y entró en vigor el pasado mes de agosto) no serán aplicables de inmediato. Las empresas europeas dispondrán de un periodo de adaptación escalonado, siendo febrero de 2025 la primera fecha clave para comenzar a cumplir con sus requisitos. Este plazo representa una oportunidad para invertir en capacitación, realizar auditorías y desarrollar políticas internas que garanticen la transparencia en sus procesos. Adoptar estos estándares no solo evitará sanciones, sino que también fortalecerá la credibilidad de las empresas en un mercado global cada vez más comprometido con la ética y la sostenibilidad.
En este contexto, los principios de transparencia y la creación de marcos legales específicos serán cruciales. La inspiración en sistemas de gestión reconocidos, como las normas ISO, puede ser una vía eficaz para establecer reglas claras y justas. Además, un enfoque colaborativo que involucre a expertos en tecnología, derecho y ética será indispensable para equilibrar la protección de derechos con la innovación tecnológica.
La inteligencia artificial no es solo una herramienta tecnológica, sino un agente de cambio que redefine cómo entendemos la creatividad, la sociedad, el trabajo y la innovación. El verdadero desafío radica en integrar estos avances de manera responsable, asegurando que la tecnología respete y complemente el trabajo humano. La innovación no debe ser incompatible con los valores que nos definen como sociedad, sino integrarse en un futuro donde ética y progreso convivan en armonía.
