El Gobierno y sus socios de izquierda (Podemos, ERC, Sumar, EH Bildu y BNG.) pactan prorrogar a 2025 el gravamen sobre las grandes energéticas para evitar que decaiga a finales del presente ejercicio.
Para ello, el Ejecutivo aprobará en breve un Real Decreto-ley para extender el actual tributo un año más, de manera que afectará al ejercicio 2025. Es cierto que este decreto necesitará ser aprobado en el Congreso de los Diputados, lo que será imposible de conseguir dada la posición contraria a la tasa energética que tanto PNV como Junts muestran. Pero los trámites parlamentarios retrasarán la votación hasta por lo menos febrero, ya que durante el mes de enero el Congreso de los Diputados suspende el periodo de sesiones. La vía del Real Decreto-ley permite, por tanto, que el Gobierno gane margen ante la oposición de los partidos nacionalistas de derechas, y da el tiempo necesario a Hacienda para extender la tasa que estará en vigor cuando las empresas deben acometer su pago. Vaya por delante que la prórroga de este tributo se hace sin motivo alguno, ya que las condiciones que había en 2022 cuando se aprobó la tasa temporal, los altos precios de la electricidad, han desaparecido en la actualidad. Las energéticas, por tanto, ya no reciben los supuestos beneficios caídos del cielo que se utilizaron entonces como argumento. Asimismo, la extensión de esta tasa compromete las inversiones que España necesita para impulsar la transición energética. Tales motivos no bastan a un Ejecutivo que no tiene inconveniente alguno en recurrir a una vergonzosa maniobra impulsada desde el Ministerio de Hacienda para prorrogar el impuestazo ante la falta de mayorías parlamentarias.
