El ahorro privado para complementar la pensión pública ronda el 11% del PIB. Un porcentaje a años luz del 200% de Dinamarca y que, además, apenas ha variado en dos décadas. Esto convierte a España en la única gran economía de la OCDE que no ha mejorado en este aspecto.
Este dato refleja el fracaso de la reforma impulsada por el exministro Escrivá en 2022 cuyo objetivo era, precisamente, quintuplicar el ahorro a largo plazo, hasta alcanzar los 500.000 millones. Con esa meta en el horizonte, el actual gobernador del Banco de España impulsó los planes colectivos para complementar la jubilación.
Y tras un arranque decepcionante debido a su desconocimiento, estos productos muestran un notable impulso, hasta el punto de batirse en este ejercicio el récord de 600.000 nuevos partícipes que data de 2004. El problema es que este crecimiento no compensa los más de 10.500 millones que se han perdido en aportaciones a planes de pensiones individuales. Una reducción que, sin duda, se debe al error de la propia reforma de restar atractivo fiscal al también llamado tercer pilar de las pensiones. Con todo, la normativa no es el único freno que impide a nuestro país mejorar en el porcentaje de ahorro a largo plazo.
A ello contribuye también la paupérrima rentabilidad histórica generada por la industria de la inversión con los planes de pensiones. En los últimos 15 años, el retorno anualizado se limita al 2,91% frente al 3,99% de los bonos del Estado español o el 5,34% del Ibex. Ello pese a que es un producto ideal para lograr altas ganancias al recibir aportaciones periódicas y tener el foco en el largo plazo. Queda así patente que la desidia de los gestores y una reforma errónea condenan el necesario impulso del ahorro complementario de cara a la jubilación en España.
