España acaba de vivir la mayor catástrofe natural de su historia reciente. La Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que ha azotado el este y sur peninsular, ha supuesto devastadoras pérdidas humanas y cuantiosos daños materiales, poniendo de relieve la necesidad de estar más y mejor preparados y protegidos como sociedad ante los fenómenos climáticos extremos.
El sector financiero se ha movilizado para superar esta situación. Una de sus caras más visibles durante la catástrofe ha sido el papel del seguro y, en especial, de la colaboración entre el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) y las aseguradoras. Las estimaciones preliminares del CCS apuntan a pérdidas aseguradas por valor de 3.500 millones de euros. Esto equivale a tres veces y media las inundaciones de Bilbao de 1983 o nueve veces el terremoto de Lorca de 2011.
Su rápida actuación ante esta situación de emergencia es un ejemplo de la importancia de contar con elementos de colaboración público-privada con capacidad de ofrecer una respuesta eficaz ante los efectos del cambio climático. Hasta la fecha, el CCS ha recibido más de 200.000 solicitudes de indemnización por la DANA, de las cuales 145.000 ya tienen asignadas a peritos del CCS o de aseguradoras. El pago de indemnizaciones, que ya ha comenzado, está previsto que se acelere en las próximas semanas al estar los peritos en plena redacción de los informes.
Colaboración público-privada para acelerar el pago de las indemnizaciones. A este respecto, el sector asegurador, representado en Unespa, ha firmado un memorando con el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa un Procedimiento Operativo Especial (POE) con el CCS para la gestión y peritación de los daños. Actualmente, hay 35 entidades adheridas al POE, que representan el 98% del volumen de asegurador en la Comunidad Valenciana. El seguro también ha aportado 1.000 peritos autónomos y gabinetes periciales -que se suman a los 800 que ya tenía el CCS sobre el terreno-, así como tramitadores y 10.000 profesionales de sus call centers.
La colaboración entre el CCS y las aseguradoras y la alta penetración del seguro en España son algunos de los motivos por los que, a pesar de que España tiene una alta exposición al riesgo climático, en línea con otros países mediterráneos, su brecha de protección es menor. Así lo pone de manifiesto la Autoridad Europea de Seguros y Planes de Jubilación (EIOPA), que muestra en sus datos de 2023 que España tiene la octava mejor puntuación del Espacio Económico Europeo en términos de brecha aseguradora frente a eventos climáticos.
El papel de las entidades crédito y la gestión de activos. Además de la respuesta aseguradora, las entidades de crédito, desde el primer momento, han tomado medidas a nivel individual que han abarcado la financiación inmediata a través de préstamos preferentes, la creación de plataformas de captación de fondos para asistencia y la coordinación de donaciones a través de Bizum y voluntarios, entre otras muchas.
Complementando estas medidas, las asociaciones del sector representadas por la Asociación Española de Banca (AEB), CECA y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC), han propuesto al Ministerio de Economía la articulación de una moratoria de un año, donde no se pagará ni principal ni intereses durante los primeros tres meses ni se pagará principal durante los siguientes nueve. La moratoria que soliciten particulares, autónomos y empresas en las zonas afectadas abarca tanto hipotecas como otro tipo de préstamos.
Esta medida, que ya es ley, proporciona un respiro financiero a los damnificados, permitiéndoles concentrar sus recursos en la recuperación. Además, prorroga hasta otros 18 meses el Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios vulnerables con residencia en la zona afectada. En paralelo, las entidades de crédito se están adhiriendo a nuevas líneas de crédito del ICO enfocadas en proporcionar liquidez y financiar la inversión para la recuperación.
También en el ámbito de los fondos de pensiones, se ha habilitado un nuevo supuesto de liquidez excepcional para que los afectados por la DANA puedan disponer anticipadamente de los derechos consolidados en los planes de pensiones de los que sean partícipes para atender sus necesidades sobrevenidas de liquidez inmediatamente, con sujeción a determinados requisitos. Inverco ha colaborado en la implementación de este nuevo supuesto y ha activado los cauces con sus asociados para agilizar al máximo la gestión de estas solicitudes.
Necesario refuerzo de los instrumentos financieros sostenibles y la colaboración. El sector financiero ha demostrado una gran capacidad de respuesta ante las catástrofes naturales en el corto plazo y, también, ha puesto de manifiesto que dispone de herramientas para avanzar en adaptación y mitigación del cambio climático en el medio y largo plazo. Según los datos de Finresp, solo en 2023, el sector asegurador atendió más de 1,3 millones de siniestros relacionados con eventos climáticos a través de 2.419 millones de euros en indemnizaciones.
También las entidades de crédito concedieron casi 40.000 millones de euros en préstamos ligados a la sostenibilidad. Además, los fondos de inversión y planes de pensiones alineados con criterios de sostenibilidad crecieron un 13% y un 50% respectivamente en patrimonio bajo gestión. La DANA ha expuesto, una vez más, la necesidad de reforzar todos estos instrumentos y colaborar para una adecuada planificación y gestión efectiva del riesgo climático.
