El Gobierno rectifica la normativa que regulará la actividad de los llamados servicers, que son las plataformas que gestionan el recobro de la deuda morosa desalojada por los bancos. En su versión original el Anteproyecto de Ley obligaba a la banca a ofrecer quitas e incluso a realizar condonaciones parciales de deuda a clientes vulnerables si decidía empaquetar su crédito y transferirlo a un tercero. Según el texto, la cuantía perdonada por el banco debería encontrarse alienada con el importe estimado de venta. Por tanto, la normativa que impulsaba el Ejecutivo obligaba a las entidades a cancelar el total de la deuda a los clientes morosos tras la entrega del importe al que tienen previsto vender el activo. Con ello, el Gobierno buscaba favorecer a los hogares vulnerables. La banca veía con buenos ojos el objetivo, pero temía que la medida tal y como estaba redactara obstaculizara la ventas de carteras, además de fomentar el impago. El gran problema es que el texto obligaba a dar solución a los clientes vulnerables antes de empaquetar la deuda y sacarla al mercado pese a que la banca no tiene información suficiente y fehaciente para identificar a este tipo de cliente. Por fortuna, el Gobierno ha escuchado al sector y ha rectificado la normativa limitando las exigencias a planes de pago a medida y con quitas, condicionados al repago del crédito. Además, ahora serán los propios clientes vulnerables los que tendrán que acreditar su condición. Una rectificación adecuada, que evita torpedear el necesario desalojo de activos tóxicos de las entidades y que les ayudará a mejorar su rentabilidad y a mantener su solidez en caso de que vuelvan tiempos turbulentos, como ocurrió durante la gran crisis de la deuda.
