España es uno de los países del entorno europeo que más penaliza fiscalmente la actividad empresarial. El tipo integrado que aplica sobre las ganancias corporativas, es decir, incluyendo los dividendos, llega al 46%, más de 5 puntos por encima de la media de los Estados europeos.
Un nivel que se acerca al de los países nórdicos, pese a las obvias diferencias en fortaleza económica, renta per cápita y eficiencia del gasto público. Esta imposición acumulada sobre los beneficios de las compañías y los de los accionistas se aplica en la mayoría de naciones de la OCDE, pero se reparte de forma diferente según cada una de ellas. Y el Gobierno español aprovecha su formulación para disimular el exceso impositivo al que somete a las empresas, llegando a presumir de que la presión tributaria en nuestro país está en línea con la de nuestros vecinos comunitarios.
Un argumento que se ha aprovechando para justificar las subidas adicionales en el Impuesto sobre Sociedades de los últimos años o los impuestazos a banca y energéticas. Queda en evidencia que el Gobierno ha construido toda su retórica fiscal alrededor de un concepto de redistribución de los esfuerzos que no resiste un análisis serio.
Y lo peor es que sus recetas impositivas, tanto las puestas en marcha en los últimos años como las que prevé aplicar en su reforma tributaria aprobada recientemente, no solo amenazan a la competitividad de las empresas respecto a la de otros países. También hunden la capacidad de España para atraer las inversiones productivas que tanto necesita. Esta injusta persecución a la actividad empresarial tiene por ello un elevado coste ya que frena el crecimiento de la economía y la creación de empleo.