El Ministerio de Hacienda prepara un Real Decreto cuyo objetivo es eliminar el límite de 3.000 euros anuales a partir del cual las entidades financieras están obligadas a informar al Fisco de cualquier pago que reciben las empresas y los autónomos.
El texto obligará así a los bancos, a las plataformas de pago de dinero electrónico y a cualquier compañía financiera extranjera que opere en España a informar cada mes, antes era anual, de cualquier pago que reciban los empresarios, independientemente de su cantidad.
De hecho, esta medida abarca los abonos realizados con tarjeta y también los efectuados a través de Bizum. Con esta medida, Hacienda quiere mejorar el control de las posibles prácticas de ocultación de actividades empresariales o profesionales, lo que supone poner coto a la economía sumergida, una lacra que supone pérdidas del 15,8% del PIB nacional.
No obstante, las mayores obligaciones a las que se verán sometidas las entidades puede generar un caos organizativo, que será especialmente grave en el caso de las gestoras que trabajan con los autónomos. Algo similar está ocurriendo ya en el turismo tras la entrada en vigor del nuevo registro electrónico. Sería por ello deseable que las entidades tuvieran un tiempo razonable de plazo para adaptarse a la nueva normativa. Por otro lado, resulta sorprendente el doble rasero que Hacienda muestra ahora fiscalizando hasta el extremo los pagos de empresas y autónomos por mínimos que sean mientras ha dejado actuar con total impunidad durante años a las firmas que formaban parte de la trama del diésel. Una red delictiva que ha generado un agujero en las arcas públicas de más de 3.000 millones y a las que también se las debería haber puesto coto hace tiempo.
