Pedro Sánchez anuncia la creación de una gran empresa pública de vivienda. Una promesa que sorprende ya que coincide con la venta de Árqura, la promotora de Sareb, participada en su mayoría por el Estado.
Pero más allá de la contradicción del presidente, lo grave es que una firma pública no basta para resolver el problema del difícil acceso a la vivienda por sus altos precios. Para empezar, está demostrado que la gestión pública es ineficiente lo que dificultará aún más que el Gobierno pueda levantar 183.000 viviendas en la legislatura.
Pero además, la persistencia de las trabas administrativas a la hora de impulsar los desarrollos y las permisibilidades que los okupas tienen especialmente en los pisos públicos, condena al fracaso la estrategia de Sánchez con la vivienda.
