Tras la incertidumbre generada por la victoria del presidente Trump en Estados Unidos y el agotamiento derivado del exigente marco regulatorio planteado por la Unión Europa, hablar de sostenibilidad, criterios ESG, y finanzas sostenibles puede parecer ingenuo en este momento, pero los mercados siguen mostrando un fuerte apetito por la financiación de este tipo de iniciativas. Asimismo, los responsables políticos, reguladores y supervisores, el sector privado y la sociedad civil continúan compartiendo el objetivo común de lograr una transición justa hacia una economía de cero emisiones netas. De hecho, la tragedia provocada por la DANA en Valencia es un exponente que debe servir de ejemplo para seguir invirtiendo en medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Por ello, un marco político claro, creíble y coherente es una condición esencial para movilizar el capital privado hacia proyectos que traten de limitar el calentamiento global.
En este contexto es como debe entenderse que el gobierno español, bajo la coordinación de la Dirección General del Tesoro y Financiación Internacional, esté procesando la consulta tras la publicación de la versión preliminar del Libro Verde sobre Finanzas Sostenibles. Un documento que demuestra el compromiso del gobierno español para cumplir su responsabilidad con la agenda verde europea.
Espíritu responsable y colaborativo
De todas las propuestas y acciones que se plantean en el Libro Verde sobre Finanzas Sostenibles, habría que destacar el reconocimiento de la responsabilidad del Gobierno, aceptando, en cierto modo, los límites del sector financiero para impulsar la transición.
Asimismo, el Libro Verde conforma un espacio para el diálogo y el consenso a través de un Consejo de finanzas sostenibles que debiera servir, fundamentalmente, para organizar y delimitar las funciones y responsabilidades de los diferentes actores que participan en la transición con el propósito de facilitar la cooperación y la coordinación público-privada. La propuesta de un sandbox verde, por difícil que sea su articulación, y la creación de un repositorio de información y buenas prácticas, debiera ayudar a consolidar este espacio.
Además, el Libro Verde recoge una antigua reivindicación del sector privado y sugiere trabajar en el desarrollo de vías de transición sectoriales claras para los sectores intensivos en emisiones de gases de efecto invernadero. Estas hojas de ruta pueden ayudar a priorizar acciones y coordinar actividades entre todas las partes interesadas para acelerar la expansión de las finanzas sostenibles.
Finalmente, en esta versión preliminar del Libro Verde se percibe una notable sensibilidad por integrar a las pequeñas y medianas empresas en este debate, así como por resaltar la importancia de la educación financiera como base de una actitud responsable y sostenible de los ciudadanos, insinuando una estrecha relación entre educación financiera y finanzas sostenibles.
Propuestas de acción
Sin embargo, algunas propuestas, aunque razonables, podrían plantearse con más precisión si se pretende que el plan sea un mecanismo de acción eficiente y no un mero diseño de propuestas teóricas. Así pues, sería conveniente que, tras la consulta, el Libro Verde facilitara el diseño de incentivos fiscales para la canalización del ahorro hacia proyectos sostenibles ya que, aunque se menciona, el documento no profundiza en cómo estos estímulos se implementarán ni en qué medida se promoverán políticas de redistribución económica que aseguren que esta transición sea justa para todos. También parece fundamental promover mecanismos que liberen capital y ayuden a reducir el riesgo de financiar tecnologías limpias mediante productos financieros innovadores.
Más importante aún, el Consejo de finanzas sostenibles, a pesar de estar diseñado a un alto nivel, debe comenzar a trabajar de manera inmediata bajo un enfoque estratégico avalado por la Administración y orientado a definir la ambición, priorizar acciones, marcar responsabilidades y diseñar sendas de acción sectoriales para que las grandes empresas de aquellos sectores de difícil abatimiento puedan afrontar su transición con confianza. Un tránsito que se refuerza con el apoyo y la financiación proporcionada por las entidades financieras. Por su parte, las pymes puedan aprovecharse de esta experiencia para iniciar su propio proceso de transformación.
Adicionalmente, el Consejo sobre finanzas sostenibles debe asegurarse de que se despliegan mecanismos de seguimiento, rendición de cuentas y compromisos vinculantes por parte de los distintos actores involucrados, incluidos indicadores de avance para mantener el impulso de las acciones planteadas y prevenir retrocesos indeseados.
Finalmente, será crucial la coordinación con otras políticas europeas y algunas iniciativas nacionales, como las que se derivan de la Ley de Industria o la Coalición para la Financiación de la Eficiencia Energética, con el propósito de garantizar la efectividad y cohesión de las medidas.
El Libro Verde, junto con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y la estrategia de Transición Justa completa el marco regulatorio climático de nuestro país que debe servir reforzar la adaptación de algunas zonas geográficas expuestas a las posibles consecuencias del cambio climático, así como para sacar ventaja a nuestra posición única para el desarrollo de las energías renovables (incluyendo el hidrógeno verde). De esta manera, no solo se refuerza el compromiso de España por la lucha contra el cambio climático, sino que estaría promoviendo un nuevo mapa de reindustrialización en España sobre la base de una transición energética competitiva.
