Períodos de sequía cada vez más prolongados, olas de calor más largas y frecuentes, incendios devastadores, inundaciones y otros fenómenos climáticos extremos asolan desde hace años nuestro país y los de nuestro entorno. España es especialmente vulnerable a la sequía y a la desertificación, lo que además pone en riesgo no solo los ecosistemas y la biodiversidad, sino también el desarrollo económico, al afectar a actividades como la agricultura, la ganadería, el transporte, las infraestructuras o la generación hidroeléctrica, entre otras.
De acuerdo con el estudio Climate change impacts and adaptation in Europe, publicado en 2020 por la Comisión Europea, en nuestro país, unos 22 millones de españoles, cerca de la mitad de la población, ya vive en zonas sometidas a estrés hídrico. Esta situación genera a su vez enormes pérdidas económicas derivadas de la sequía, que en España alcanzan los 1.500 millones de euros anuales, la cifra más alta de toda Europa. Por otra parte, el último informe del El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) sobre cambio climático, de 2023, relaciona directamente la actividad humana como principal responsable de los daños y pérdidas atribuidos al cambio climático.
Aunque parezca que estos datos dibujan un paisaje apocalíptico, lo cierto es que sí se están tomando medidas para mitigar los efectos nocivos del cambio climático, especialmente después del acuerdo de París, que está marcando los estándares de actuación. Bajo este marco, durante los últimos años, han proliferado las legislaciones que limitan las actividades contaminantes, así como políticas que incentivan la descarbonización. Prueba de ello son la ambiciosa legislación estadounidense aprobada en 2022, bajo el nombre Inflation Reduction Act (IRA), y la European Climate Law, de 2021, que fija objetivos de neutralidad climática para el año 2050 y la reducción para 2030 de la emisión de gases de efecto invernadero en un 55% con respecto al año 1990.
Ante este ecosistema regulatorio propicio y las demandas sociales que reclaman una mayor conciencia medioambiental, las empresas están adoptando medidas que contribuyan a la descarbonización de su actividad y a la consecución de los objetivos climáticos. Sin embargo, evaluar correctamente y poner en marcha iniciativas que sean capaces tanto de preparar su negocio para la transición energética como de hacer frente a los riesgos físicos derivados del cambio climático puede suponer todo un desafío.
Las compañías deben adoptar una visión holística de su negocio para identificar correctamente qué aspectos de su actividad están más expuestos a los riesgos climáticos, qué soluciones pueden tener el mayor impacto y cómo generar una hoja de ruta para implementarlas de forma ordenada. Ser capaces de anticipar, medir y gestionar los riesgos será una ventaja competitiva según avanzamos en la transición ecológica.
Igual que sucede con cualquier otro tipo de riesgo, la falta de previsión o de cobertura ante imprevistos añade aún más incertidumbre a un entorno en el que ya es difícil encontrar estabilidad. Es aquí desde donde las compañías aseguradoras podemos aportar certezas, seguridad y resiliencia, acompañando a las empresas en la creación de un futuro más sostenible para todos.
Para lograrlo, partiendo desde una sólida estrategia de gestión de riesgos, debemos tener en cuenta tres factores derivados del cambio climático: los riesgos físicos que pueden afectar al negocio (inundaciones extremas, incendios, disrupciones en la cadena de suministro, etc.); riesgos procedentes de la descarbonización de la actividad (cambios regulatorios, retos tecnológicos, sensibilidades de los inversores…); y riesgos reputacionales (en caso de que las compañías no sean capaces de identificar, priorizar y desarrollar de forma adecuada sus iniciativas de sostenibilidad). Si bien cada empresa posee una serie de puntos vulnerables únicos y específicos de su actividad, el cambio climático ha acelerado estos tres tipos de riesgos, que comparten todos los sectores.
Es muy probable que cualquier empresa acabe por experimentar alguno de estos tres factores de riesgo en un futuro cercano. Esta posibilidad, casi certeza, de que estos riesgos se materialicen, es un reclamo indispensable para desarrollar una gestión de riesgos proactiva y estratégica. Desde el sector asegurador contamos con las capacidades para desplegar soluciones capaces de prever los riesgos a lo largo de toda la cadena en las fases de preparación, respuesta y recuperación tras un incidente. Desde la evaluación y el análisis de las vulnerabilidades, pasando por fomentar la resiliencia y mitigación de riesgos, hasta acompañamiento cuando sea necesario ejecutar las coberturas.
De acuerdo con las encuestas recabadas en el Global Risks Report 2024, que desarrollamos desde Marsh McLennan en colaboración con el Foro de Davos y Zurich Insurance Group, los riesgos climáticos serían la mayor preocupación entre los encuestados, tanto por su severidad como por sus probabilidades de materialización. Estos datos reflejan por un lado el panorama social de desasosiego en relación con los riesgos del cambio climático y subrayan, por otra parte, la necesidad de impulsar iniciativas que contribuyan suavizar los efectos más perniciosos del cambio climático, acercándonos a la consecución de los objetivos de descarbonización, marcados por el Acuerdo de París, para limitar el calentamiento mundial por debajo de los 1,5ºC.
Desde el sector asegurador podemos afirmar que ya estamos acompañando a las empresas para que afronten la transición ecológica y la descarbonización con confianza, a la vez que trabajamos para favorecer la sostenibilidad en nuestras propias operaciones. En definitiva, se trata de continuar haciendo lo que sabemos hacer desde nuestra fundación: adelantarnos a los riesgos para proporcionar certidumbre y seguridad tanto a las empresas como a las personas.
