Madrid 
La presión fiscal en España para pymes y autónomos es un tema que suscita un amplio debate y preocupación en la sociedad, sobre todo porque son los grandes motores de empleo y crecimiento económico del país.
Las pymes y los autónomos, representan más del 99% del tejido empresarial español y aproximadamente el 70% del empleo. A diferencia de las grandes empresas, que suelen contar con recursos para optimizar su carga tributaria, los pequeños negocios y los trabajadores autónomos enfrentan cargas fiscales que muchas veces no se corresponden con su capacidad contributiva ni con los beneficios de los servicios que reciben a cambio.
La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) ha señalado que la presión fiscal normalizada en función de la renta para estos colectivos es un 53% mayor que el promedio de la Unión Europea. Este dato no solo es alarmante, sino que también refleja un entorno fiscal que, en lugar de fomentar el emprendimiento y la competitividad, parece estar ahogando a los pequeños negocios.
Dentro de los criterios o principios que deberían regir un sistema tributario ideal están los principios de Eficiencia Económica y el de Sencillez Administrativa. En el marco fiscal de las pymes y los Autónomos en España, los impuestos no deberían generar distorsiones que impliquen una pérdida de eficiencia en la asignación de los recursos, debiéndose potenciar impuestos más eficientes que contribuyan al desarrollo y a la competitividad. Asimismo, el cumplimiento de las cargas tributarias deberían implicar costes de cumplimiento menos gravosos.
Analizando la presión fiscal en España para pymes y autónomos podemos decir que ésta se manifiesta en varios frentes. Por un lado, las cotizaciones sociales representan una carga significativa para las pymes y los autónomos, lo que puede desincentivar la contratación, además de aumentar los costes laborales. Según el Instituto de Estudios Económicos las cotizaciones a la Seguridad Social representan una carga significativa, especialmente para los autónomos, donde la cuña fiscal (efecto conjunto del IRPF y las cotizaciones sociales) alcanza el 40%, cinco puntos por encima de la media de la OCDE . La altas cuotas de Seguridad Social desalientan la formalización de ciertos negocios o pueden llevar a los trabajadores a operar en la economía sumergida. El impacto de esta economía informal repercute en los ingresos fiscales del Estado y socava la confianza en el sistema. Por otro lado, el Impuesto de Sociedades en España es considerablemente elevado en comparación con otros países de la UE, lo que reduce la capacidad de reinversión y crecimiento de las empresas. Este impuesto es uno de los más gravosos para las empresas en España, situándose entre los cinco más altos de la OCDE.
Según Cepyme, la competitividad de España ha sufrido un importante deterioro, situándose a la cola en cuanto a atractivo fiscal entre las grandes economías del mundo. Este entorno desfavorable no solo afecta a la supervivencia de los negocios existentes, sino que también desincentiva la creación de nuevas empresas. En España, aproximadamente el 50% de las empresas de nueva creación no sobreviven más de cinco años, y la carga impositiva podría ser una de las razones de esta alta tasa de mortalidad empresarial. La consecuencia directa de esta presión fiscal podría tener como consecuencia un deterioro en la competitividad de las empresas españolas.
Ante este panorama, Cepyme, así como el Consejo General de Economistas (CGE) han planteado una serie de demandas que buscan aliviar la carga fiscal y burocrática sobre las pymes y los
autónomos. Entre las propuestas destacan la reducción de la presión fiscal, la disminución de las cotizaciones sociales y la simplificación del Impuesto de Sociedades. Por otra parte, mencionar que además de la carga fiscal, la burocracia y los trámites administrativos también representan un desafío considerable para las pymes y autónomos en España. Con estas medidas propuestas, no solo se ayudaría a mejorar la competitividad de las empresas españolas, sino que también fomentarían el ahorro y la atracción de inversiones.
Como reflexión final, es evidente remarcar que la presión fiscal actual sobre las pymes y los autónomos en España es elevada y requiere de una revisión urgente. Un entorno fiscal más favorable no solo beneficiaría a los pequeños negocios, sino que también impulsaría el crecimiento económico y la creación de empleo en el país, promoviendo un entorno más justo y competitivo para todos.