El Gobierno presentó a mediados de mes a Bruselas su senda de estabilidad de los próximos años para garantizar el cumplimiento de los límites establecidos por las reglas fiscales de la UE. Una hoja de ruta exigente que llega hasta 2031 que fía al impulso de los ingresos. Un incremento que espera lograr con más impuesto y por el crecimiento de la economía.
En este contexto, resulta llamativo que en el documento enviado a las autoridades comunitarias, el Ejecutivo contemple una pérdida de dinamismo económico en el largo plazo. Así, Moncloa proyecta un alza robusta del PIB hasta 2026, en el entorno del 2%, para bajar bruscamente a partir de ese ejercicio hasta quedarse estancado en poco más del 1%.
Es cierto que esas peores expectativas se realizan a partir de un software de la Comisión Europea que simula una previsión teniendo en cuenta referencias como las series históricas o el cálculo de la población en edad de trabajar. Por tanto, se trata de una previsiones con visos de sufrir importantes cambios.
No obstante, resulta especialmente llamativo que el Gobierno fije el fin del impulso económico superior al 2% justo a partir de 2026, el último año en el que los países recibirán la ayuda de los fondos europeos. Con ello, demuestra que las opciones de crecimiento que presenta el país más allá de dichas subvenciones son escasas. Ello debido a la alarmante falta de reformas estructurales e incentivos fiscales que animen la actividad económica y empresarial.
Urge, por ello, ponerse manos a la obra y elaborar las medidas que el país necesita para impulsar su crecimiento en el largo plazo. De lo contrario, está también en juego el cumplimiento de las propias reglas fiscales de la UE.