Pese a prácticamente anunciar su fin al término de 2024, el Gobierno sigue adelante en su objetivo de convertir en permanentes las tasas temporales a la banca y las energéticas, tal y como anunció en el plan de estabilidad enviado a Bruselas la pasada semana. De hecho, es probable que apruebe hoy mismo un real decreto al respecto.
Vaya por delante que dicha normativa deberá ser convalidada en el Congreso y no es seguro que formaciones como Junts esté a favor de prorrogar sine die los conocidos como impuestazos. Pero independientemente de lo que ocurra durante la tramitación parlamentaria, la realidad es que la vigencia de estos tributos carece de justificación.
En el caso de la banca, es evidente que el reciente ciclo de bajadas de tipos de interés en la eurozona limitará esas ganancias extraordinarias que sirvieron de argumento para implantar la tasa en 2022. Ello pese a los más de diez años previos de tipos cero que castigaron al sector.
Respecto a las energéticas, el gravamen afecta especialmente a las petroleras. Tanto es así que Repsol ha abonado casi 800 millones en los dos últimos años por 233 millones de Cepsa. Al igual que con la banca, el contexto actual ha cambiado desde el momento en el que se implantó la tasa. Entonces, la gasolina y el diésel subieron por encima de los 2 euros el litro frente a un precio actual comprendido entre 1,38-1,50 euros, lo que reduce los márgenes del refino para las compañías.
Queda así patente que las situaciones excepcionales a las que se agarró el Gobierno para aprobar los impuestazos no existen. Pero además de injusto, la permanencia del gravamen propina un severo golpe a las petroleras que paralizarán los proyectos industriales de sus refinerías españolas. La patronal catalana Foment adviritió del riesgo para el polo químico de Tarragona. Un golpe mortal para la industria.
